Es evidente que no se dan cuenta cuando se pasan de contentos, pero a los funcionarios del gobierno es a los que menos les luce proclamar públicamente su fervor reeleccionista, pues lo primero que piensa la población, la gente en la calle, es que esos funcionarios en lo que están pensando es en continuar en el carguito disfrutando de los muchos privilegios que del ejercicio de una función pública se derivan, incluido el enriquecimiento al vapor, ilícito y sin consecuencias.

Y si ese funcionario reeleccionista, como suele ocurrir la mayoría de las veces, no puede exhibir una hoja de servicios y realizaciones que le permitan justificar ante el electorado sus aspiraciones mucho peor, ya que confirman la convicción generalizada de que nuestros políticos, una vez se ponen el traje de funcionarios cuando llegan al gobierno, se olvidan de las razones por las cuales están en esa función pública y a quien se la deben en realidad.

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Por eso ya empiezan las quejas y denuncias en redes sociales y cherchas radiales de funcionarios que en lugar de ocuparse de lo que se tienen que ocuparse, de hacer un trabajo para beneficio del pueblo al que sirven y el gobierno para el que trabajan, están creando estructuras desde las cuales impulsar sus aspiraciones, definitivamente extemporáneas. Como también es extemporáneo, a dos años de las elecciones, el activismo de los partidos de oposición.

Por eso es tan oportuno el reclamo de Participación Ciudadana y Finjus a la JCE para que frene el proselitismo a destiempo, que de seguro se incrementará con el llamado del presidente Luis Abinader al PRM para que salga a las calles a promover y defender al gobierno.

Pero es tanta la fuerza que ha cobrado que algunos dudan que la JCE, que cada vez que ese proselitismo se ha desbordado se ha limitado a formular advertencias sin aplicar las sanciones que contemplan las leyes electorales, pueda detenerlo sin poner en juego una autoridad hacia la que los partidos muestran muy poco respeto.