El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, aseguró ante legisladores de tres comisiones de la Cámara de Diputados que aún existen alternativas por explorar para solucionar el conflicto que tiene el Gobierno dominicano con el Gobierno haitiano, por la construcción ilegal del canal con las aguas del río Dajabón, y que están a la espera del informe que rindan los técnicos que visitaron el país de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Afirmó que el tema se ha politizado e involucró a bandoleros armados.

Dijo que esperan que con la OEA y la fuerza de estabilización que empiece a liderar la República de Kenya y con la Resolución 2699 del Consejo de Seguridad de la ONU, se abra la oportunidad de restaurar la institucionalidad y el orden público en Haití-

El funcionario compareció a la cita ayer para explicar la crisis diplomática en la reunión conjunta de diputados de las comisiones de Relaciones Exteriores, de Asuntos Fronterizos y de Fuerzas Armadas. El encuentro se extendió por más de dos horas, con preguntas de una veintena de legisladores de distintas bancadas de partidos; el presidente y la vicepresidenta del órgano legislativo, Alfredo Pacheco y Olfany Méndez.

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En la conversación moderada por el diputado Ramón Bueno, presidente de la Comisión de Fuerzas Armadas y miembro del Partido Revolucionario Moderno (PRM), el canciller hizo un recuento de los esfuerzos diplomáticos del Gobierno dominicano para frenar la construcción del canal.

Expresó que desde abril del 2021, el Gobierno le exigió al Gobierno haitiano paralizar la construcción unilateral del canal con las aguas del río Masacre o Dajabón.

Álvarez, criticado por legisladores, al no asistir a cuatro reuniones en la que había sido citado por las tres comisiones, acudió ayer dispuesto a responder las preguntas sobre la actual situación de las relaciones con Haití.

Declaró que el canal afectaría el caudal del río Dajabón y perjudicar unas 880 hectáreas de cultivados en territorio dominicano y alrededor de 628 hectáreas del lado haitiano que benefician a 266 agricultores dominicanos y 125 agricultores haitianos.

“Nuestra posición ha sido clara y constante, para que un diálogo sea propicio, es indispensable parar la construcción del canal”.