El ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas, llamó hoy a no discriminar a los dominicanos deportados que ya pagaron sus culpas por delitos cometidos en naciones extranjeras, tras indicar que merecen una segunda oportunidad en su país.

Vargas resaltó la responsabilidad que tiene el Estado de proteger y asistir a la población dominicana deportada o retornada, al ponderar los alcances de un programa para reinserción de este segmento que contemplan aplicar las autoridades, anunciado hoy en la sede de Relaciones Exteriores.

En el acto de firma del Memorándum de Entendimiento Para la Creación del Programa Piloto de Protección y Reinserción de Dominicanos Deportados y Retornados, Vargas consideró que las deportaciones constituyen un serio problema que confrontan países con grandes núcleos profesionales en Estados Unidos y Europa, como la República Dominicana.

El documento fue firmado entre el Gabinete Social de la Presidencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Procuraduría General de la República y el Instituto Nacional de Migración para garantizar la protección y reinserción de dominicanos deportados o retornados.

“La protección a todos los ciudadanos dominicanos, incluyendo aquellos casos que por diversas razones han retornado a su país después de haber caído en el crimen y la delincuencia, es una obligación que el estado dominicano va a respetar y defender como parte esencial de los derechos humanos”, expreso.

Agregó que, con este memorándum, que sienta la plataforma de acción interinstitucional para políticas públicas a favor de la población migrante retornada o deportada, el país ha dado un paso en la dirección correcta.

Puntualizó que el esfuerzo es parte de la encomienda recibida de parte del presidente Danilo Medina y la que él mismo comparte plenamente de proteger la diáspora y vigilar el respeto a sus derechos, “una de mis principales obligaciones en la cancillería”.

El memorándum fue firmado por la Vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, el Canciller Miguel Vargas, el Procurador Jean Alain Rodríguez y la directora ejecutiva del Instituto de Migración, Florinda Rojas, en un acto celebrado en el Auditorio “Dr. Eduardo Latorre Rodríguez”, del Instituto de Estudios Superiores Diplomáticos y Consulares de la Cancillería.

El Memorándum. Las instituciones involucradas se encargarán de analizar las informaciones estadísticas sobre las características y necesidades de la población dominicana deportada y retornada, así como diseñar protocolos de coordinación para apoyar la inserción laboral y mediación para el empleo servicio de educación, salud, asistencia social, guardia y custodia de menores jurídico-consular e integración comunitaria, entre otros.

El acuerdo propiciará el establecimiento de mecanismos de cooperación con las autoridades del último país de residencia del deportado o retornado, orientados a coordinar procesos que faciliten la transición, transferencias de habilidades adquiridas, además de apoyar actividades de capacitación, acceso al empleo y a préstamos.

Otro aspecto del pacto contempla la creación de un comité interinstitucional para el seguimiento, monitoreo y evaluación de las actividades, integrado por un representante acreditado de las entidades firmantes.

De igual manera, as establecerá “un punto focal a nivel técnico” por cada institución suscribientes y las que sean necesarias integrar “dada su competencia en el proceso de protección y reinserción, a fin de coordinar todas las acciones involucradas en el diseño e implementación del programa piloto”.