Ningún país, con excepción de la República Dominicana, aceptaría que una inmigración ilegal y masiva afecte los sistemas de salud y educación, deprima el mercado laboral, amenace la demografía del país a punto de que puedan convertirse en una minoría importante o una mayoría decisiva social y políticamente.

Es impredecible el número de inmigrantes ilegales en el país, pero no sería exagerado estimar en 3.0 millones, incluyendo los descendientes de estos, y su impacto se está sintiendo en la educación pública y la salud. El propio presidente Abinader en la rueda de prensa junto al secretario de Estado de EE. UU. declaró: “La crisis en Haití ha incrementado la presión migratoria hacia la Republica Dominicana, afectando los servicios públicos y generando riesgos para la seguridad”.

Fue más enfático cuando reveló: “Esta presión se refleja en la matrícula de nuestro sistema escolar, donde 6.5%, 147 mil, son de nacionalidad haitiana. Además, en nuestros hospitales públicos, el 14% de los internamientos y el 34% de los partos son de inmigrantes indocumentados haitianos. En ningún sistema de salud del mundo ocurre esto”.

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El problema se agrava porque sectores de la economía como la construcción, la agricultura y otros están copados por esa mano de obra productiva con salarios que no resultan atractivos a los dominicanos que en algún momento representaban la mayoría trabajadora en esas áreas.

Como construcción y agricultura no son suficientes para la oferta de mano de obra ilegal y otros sectores, como el turismo pero se trata de un inmigrante con mayor nivel de alfabetización, entonces se han desplazado al mercado informal, ocupando las esquinas y otros servicios como los domésticos y trabajos de limpieza en proyectos de segunda vivienda.

También son beneficiarios de esa inmigración ilegal los traficantes, algunos militares en la frontera, la tropa encargada de los puntos de controles y hasta oficiales de migración que cobran un peaje para detener el proceso de deportación.

Es notoria la densidad poblacional de haitianos en las provincias fronterizas, en grandes ciudades como el Gran Santo Domingo, Santiago y el polo turístico Punta Cana-Bávaro, a tal punto que existe medio centenar de guetos y algunos como “el hoyo de friusa” en Bávaro donde las autoridades no se atreven a penetrar.

El presidente Abinader mantiene un discurso adecuado al exterior; sin embargo, muy poco se está haciendo para detener este proceso de desnacionalización y será responsable ante la historia y las futuras generaciones por no haber asumido la aplicación de las leyes.

El mandatario debe poner candados en la frontera (concluir muro físico y tecnológico, vigilancia interna y mejores salarios a los militares para que cese el peaje y persecución a los traficantes), también candados a los empresarios exigiéndoles el cumplimiento de la ley y que formalicen la mano de obra necesaria con contratos temporeros y pago de la seguridad social.

Si no se toman las acciones, en un plazo entre 10-15 años la población de origen haitiana será mayoría, llevarán al colapso los sistemas de salud y educación, erosionado nuestros recursos naturales con la tala y la contaminación de fuentes fluviales, inevitablemente habrá un incremento de la criminalidad y los conflictos sociales; en ese momento las posibilidades de desarrollo económico habrá sido lastrada y será tarde para los dominicanos restablecer el orden. La temida fusión habrá sido consumada. Estamos a tiempo Presidente.