Hoy 
Francisco Domínguez Brito, aspirante presidencial PLD.
Personalidades de diferentes partidos políticos reiteraron la necesidad de que los candidatos sean depurados para evitar que el narcotráfico se infiltre en la política.
La petición se da a propósito del proceso que se le sigue al diputado de Santiago, Miguel Cruz, preso en Miami por supuestamente traficar con drogas desde la República Dominicana hacia Estados Unidos.
El exprocurador general de la República, Francisco Domíguez Brito, indicó que es necesario que los partidos políticos tomen decisiones basadas en presunciones objetivas, cuando los candidatos aspiren con cuantiosos recursos económicos para competir. «No es necesariamente tienen que tener pruebas», puntualizó.
En tanto, legisladores de diferentes bancadas opinaron que los partidos deben ser filtros de los puestos políticos contra el narcotráfico.
Los congresistas que han sido vinculados de una u otra forma al tráfico ilícito de drogas, hasta ahora, son:
Grey Maldonado, diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por la provincia El Seibo. Fue vinculada a delitos como asociación de malhechores, lavado de activos, narcotráfico y tenencia de armas de fuego. Se le vinculó a la Operación Falcón. También diputado de Santiago, Nelson Marmolejos, por el mismo partido, de la circunscripción número 3, específicamente, también vinculado al caso de la Operación Falcón.
Héctor Darío Feliz o «Pirrín«, diputado de la provincia Pedernales por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), en principio, acusado de presuntamente obstruir a la justicia por transportar en su vehículo a Juan Maldonado, acusado en la Operación Falcón.
Sergio «Gory» Moya, diputado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), de la circunscripción número 3 del Distrito Nacional, mencionado por los testigos del caso Calamar como la persona que presuntamente se encargó de la estructura de cobro ilegal a bancas de lotería, deportivas y máquinas tragamonedas.
Diputada de la provincia La Vega, Rosa Pilarte, por el PRM, vinculada a un caso de lavado de activos producto del narcotráfico a través de su esposo, el empresario Miguel Arturo López Florencio.
