¿Quién protege a la Ciudad Colonial, en cuyo remozamiento el gobierno ha invertido 400 millones de pesos para realzar sus atractivos históricos y turísticos? Estoy seguro de que esa y muchas otras preguntas andan rondando las cabezas de los que vivieron la desagradable experiencia o han visto los videos de los desórdenes provocados por los jóvenes que el pasado sábado realizaron un teteo en sus calles, disparos al aire incluidos, dejando en sus residentes y visitantes locales y extranjeros la impresión de que fueron invadidos por una horda de salvajes que no respetan nada ni a nadie.

Estoy igualmente convencido de que a pesar del escándalo que se prolongó hasta las cuatro de la madrugada, de la basura y el hedor a heces fecales y orines que dejaron a su paso, de las decenas de vehículos vandalizados por el vicioso placer de destruir algo y celebrarlo hasta el paroxismo, el sentimiento que predominará en sus residentes a la hora de repasar esa amarga experiencia será el de una total indefensión, pues ninguna autoridad fue capaz de acudir en su auxilio para detener una tortura que se prolongó desde horas de la tarde hasta bien entrada la madrugada.

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A partir de lo ocurrido habrá que mantener en la zona una vigilancia policial permanente que evite que algo así vuelva a repetirse, pues si algo demostró lo que ocurrió el sábado pasado es que los agentes de Politur no están preparados para plantar cara a un problema de ese tamaño, que claramente corresponde enfrentar a las unidades antimotines de la Policía Nacional.

Que un influencer pueda convertir a sus seguidores en una manada capaz de provocar esos niveles de caos y desorden detrás de 200 mil pesos da mucha grima, sobre todo si no se muestra dispuesto a asumir la responsabilidad que ese enorme poder implica, que va mucho más allá de lucrarse y enriquecerse sin detenerse a mirar las consecuencias. Pero si así no lo entiende, el Estado está en la obligación de hacérselo entender. Por las buenas, o por las malas.