Es una lástima que al Defensor del Pueblo, instituido para ser garante y resguardo de los derechos de los ciudadanos, nadie le haga caso más allá de los periódicos que reseñan sus acciones y declaraciones, pues el estudio que presentó a principios de esta semana sobre la situación de las cárceles dominicanas debería provocar reacciones de los responsables de su gestión, pero también de una sociedad que se muestra insensible e indiferente a lo que allí ocurre a pesar de que representan una amenaza para nuestra seguridad. Pero dejemos que sea Pablo Ulloa quien lo diga con sus propias palabras: “No podemos continuar con cárceles que son laboratorios de delitos y que sea bajo la supervisión y tutela de las autoridades, y que los delincuentes continúen operando por falta de atención y condiciones de los recintos”.

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Según los hallazgos de ese estudio, realizado con la aplicación de 72 entrevistas a personas internas en diez centros penitenciarios, en nuestras cárceles hay presos preventivos con mas de cinco años y procesos que acumulan mas de diez reenvíos. También dice algo que ya sabíamos hace mucho: que las personas mas pobres son los que enfrentan mayores obstáculos para tener acceso al sistema de justicia, y a contar con una defensa pública consistente y comprometida con su caso.

Es por eso que sugiere que se haga una revisión del desempeño de los defensores públicos, que con frecuencia muestran prácticas de complicidad y transacciones con los abogados de la parte contraria, para asegurarse de que puedan realizar sus funciones con mas apego a la ética profesional y la justicia. Así las cosas, considera impostergable que se le preste atención al sistema penitenciario dominicano, que por desgracia no parece importarle a nadie. Lo que se confirma con el silencio conque ha sido recibido ese estudio, la brutal realidad que retrata, por parte de la Dirección de Prisiones, que talvez no tenga otra opción que callar ante una realidad que nos llena de vergüenza.