Data de años, pero el tema carcelario ocupa la atención de la ciudadanía por los componentes punitivos y el impacto noticioso que generan hechos de naturaleza criminal. Ahora bien, los centros carcelarios compiten con los esfuerzos de generar mayor nivel de respetabilidad a los privados de libertad.

La noción de reforma carcelaria obedece al carácter racional y humano, que se originan en gobiernos que lanzan la mirada al drama sin necesariamente destinar recursos económicos y el necesario anhelo de reinserción social del inmenso número de ciudadanos que cumplen penas en los recintos carcelarios. Lo cierto radica en reconocer las múltiples modalidades del control que ejerce la delincuencia en muchos recintos carcelarios, orquestando operaciones que superan la dimensión de los delitos imputados y causa de acusaciones de toda índole.

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Visité Pinito en La Vega. Lo de mayor impacto resultó ver la cantidad de jóvenes condenados. Vidas afectadas y el cese de encontrar en el recinto un espacio para la reflexión constructiva que los reoriente y devuelva al mundo de la libertad en mejores condiciones. No obstante, los esfuerzos y recursos económicos destinados a transformar el modelo penitenciario, uno termina con el sabor amargo de que la creatividad delictiva supera la imaginación porque encontró la mano cómplice revestida de autoridad vigilante y/o sancionadora.

Los números sirven de ilustración el 36% de los robos a través de celulares y 85 % de las llamadas fraudulentas provienen de las cárceles y se realizan por vía de teléfonos robados. De ahí nuestra preocupación desde el Indotel que, dándole continuidad a una decisión responsable de actores del sector Ministerio Público, entiende que utilizar bloqueadores para evitar el uso de celulares desde los recintos carcelarios, contribuirá a cerrar brechas utilizadas por el mundo delictivo en la consecución de toda clase de violación al ordenamiento penal dominicano.

El Indotel tiene la mejor de las intenciones en contribuir con los recursos en el interés de que, mediante una licitación realizada por la Procuraduría, cuatro recintos carcelarios que sirvan de modelo para extender a todo el sistema modalidades tecnológicas e inteligentes supervisadas o tercerizadas para evitar cualquier tipo de distorsión pecaminosa.

Sin interés ni protagonismo indeseados, todos los actores institucionales tienen la responsabilidad de impedir que nuestras cárceles continúen siendo universidades del delito, provocando la intranquilidad de ciudadanos diariamente timados por sus habilidades fraudulentas y la inacción de los llamados a impedir que la delincuencia controle las calles aunque se encuentren bajo rejas.

La constante lucha entre actores bondadosos del sistema, decididos a limitar las burlas al orden legal junto al vendaval de complicidades históricas de los llamados institucionalmente a cumplir con la ley, necesita la observación de los ciudadanos como muro de contención que impida las reconocidas prácticas delictivas efectuadas desde diversas prisiones.