Joel Suero 
CARD pide la corrupción pública sea imprescriptible y despenalizar los delitos de opinión
El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), depositó por ante la Cámara de Diputados, una propuesta de cambios y modificaciones, para mejorar y perfilar un nuevo Código Penal acorde con las necesidades del país, incluyendo también un posible anteproyecto de ley para la realización de un referendo consultivo, en los términos del artículo 210 de la constitución para decidir sobre las tres causales del aborto.
Al depositar la instancia, Trajano Potentini, presidente del gremio que agrupa los abogados, informó que se trata, además de la propuesta sobre el aborto, de incorporar la imprescriptibilidad de la corrupción pública como delito muy grave, también las despenalización del delito de opinión, la restitución de la responsabilidad penal de las iglesias, entre otros aportes sobre las circunstancias agravantes y el contenido de la sentencia de disolución de persona jurídica, quedando el CARD a disposición del congreso, para ampliar sobre aspectos generales, como lo sería el ámbito de derogación y subsistencia armónica del codigo con leyes especiales, entre otras preocupaciones.
Asimismo, Potentini explicó que como gremio estarían plenamente asumiendo su rol de fungir como órgano institucional, que asesora al Estado en materia de reformas institucionales, queremos advertir a la nación, por su intermedio, algunos de los riesgos derivados de la aprobación de la más reciente versión del Código Penal, aprobado la pasada semana por el Senado y remitido a esta alta instancia para su final sanción y tramitación.
Sobre la propuesta de ley de referendo consultivo para las tres causales del aborto.
Para el CARD ha quedado evidenciado por 25 años que las discusiones y diferencias alrededor del abordo se tornan insalvables e irreconciliables, haciéndose en consecuencia necesario, el recurrir a los instrumentos democráticos (Referendo para consultas populares, artículo 210 constitucional), que prevé la Carta Magna, como única y salomónica alternativa para salvar las diferencias y dotar al país de una legislación penal moderna, que considere las formas, modalidades, penalidades y excepciones en materia de aborto.
Para la entidad gremial el referendo como mecanismo de participación popular, se constituye en un instrumento democrático de gran valía, único e idóneo camino, para satisfacer y garantizar la decisión de la mayoría, en un tema de muchas y complejas aristas, a saber; religiosas, ideológicas y hasta sociológicas, las cuales precisan de una solución, legal, legítima y democrática.
Es lamentable que, por el tema del aborto, la urgente reforma del Código Penal se haya mantenido secuestrada, y como un rehén del tema aborto, en una lucha cruenta de sectores (grupos religiosos Vs. feministas), que con renovada vehemencia defienden con uñas y dientes sus posiciones, además de un proselitismo sin precedentes, que mantienen a la sociedad dominicana dividida.
Asimismo ha resultado evidente que las diferencias de los grupos en pugnas, por el tema del aborto, trasciende hasta al propio congreso, también dividido y ambivalente ante la eventual penalización o cobertura de las llamadas tres causales, todo ello por la presión y el costo político que pudiera tener una decisión en uno o en otro sentido, deviniendo el tema aborto como se ha evidenciado en un callejón sin salida, retardando y haciendo inviable la emergencia de un necesario nuevo Código Penal.
Sin dudas que, bajo las actuales circunstancias, el referendo como mecanismo de participación popular, se constituye en un instrumento democrático de gran valía, único e idóneo camino para satisfacer y garantizar la decisión de la mayoría, en un tema de muchas y complejas aristas, a saber; religiosas, ideológicas y hasta sociológicas, las cuales precisan de una solución, legal, legítima y democrática.
Finalmente, las referidas reflexiones, análisis y aprobación del proyecto de Código Penal, recién aprobado por el senado, resultan de las valoraciones y estudios realizados por la Comisión del Colegio de Abogados, para la Reforma Penal y Procesal Penal, instituida por resolución del CARD, coordinada por los juristas FRANCISCO MANZANO MANZANO Y JOSÉ MIGUEL MINIER ALMONTE, ADEMÁS DE LOS LICDOS. GRIMALDI RUÍZ, LUIS FONTANEZ Y BIRMANIA SÁNCHEZ CAMACHO.
