Las imputaciones penales y administrativas que le formula la comisión especial de diputados al presidente de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) Janel Andrés Ramírez Sánchez, luego de investigar las faltas que habrían cometido los miembros de ese órgano de control, y por la que solicitan que sea sometido a juicio político, lo acusan de rechazar y archivar de forma ilegal, la divulgación de 10 auditorías, realizar pagos irregulares a un empleado, retrasar la realización de las auditorías, no ejecutar debidamente el presupuesto de la institución y maltratar a otros miembros de la institución.

Señala que su actuación, constituye violación de los artículos 39 y 69, numeral 10; 146, numeral 1, y 250 de la Constitución de la República; el numeral 8 del artículo 3, y 14 de la Ley 107-13, sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo; los artículos 19, 20, 47, 48, 49 y 54 de la Ley 10-04, sobre la Cámara de Cuentas; el artículo VI, literal e, de la Convención Interamericana Contra la Corrupción, y el Reglamento Interno del Pleno de los Miembros de la Cámara de Cuentas.

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El informe final que firman 9 de 17 diputados, y que rechazan los legisladores de los partido de la Liberación Dominicana (PLD) y de la Fuerza del Pueblo, al individualizar los cargos, acusan a Ramírez Sánchez de archivar las auditorías con indicios de responsabilidad penal, administrativa y civil, sin haber debatido el contenido y los hallazgos, y de votar en bloques los expedientes de las informaciones financieras de la Comisión Hípica Nacional Hipódromo V Centenario, en el período del 1 de enero del 2014 y al 31 de diciembre del 2018.

Las otras auditorías archivadas de manera ilegal, de acuerdo a los diputados, es la del informe de investigación especial a la Federación Dominicana de Ajedrez (FDA), en el período del 1 de enero de 2014 y el 30 de abril de 2017; la auditoría a las informaciones financieras incluidas en los estados de ejecución presupuestaria de la Dirección General de Ganadería (DIGEGA), del 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2018.

La auditoría practicada al manejo de los fondos entregados por la Junta Central Electoral al Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), del 1 de enero y al 31 de diciembre del 2016, y las auditoría realizadas a los ayuntamiento de Villa Altagracia, Cotuí, al Ministerio de Energía y Minas, del 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2016; la del Ministerio de Planificación y Desarrollo, de 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2017; la auditoría del Instituto de Estabilización de Precios (Inespre), del 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2013, y la efectuada a la Administradora de Riesgos de Salud para Maestros (ARS SEMMA), del 1 de 2016 y el 31 de diciembre de 2017.

La comisión de diputados le imputa incumplir la ejecución presupuestaria, al aprobado para el año 2021, RD$1,674,250,000, y solo ejecutar el 54%, igual RD$910,700,000, con un sobrante de RD$763,550,000. Mientras en el año 2022, del presupuesto de RD$ 1,474,248,087.00, solo ejecutó el 68%, RD$999,629,511, sobrando RD$474,618,576.00.

Al presidente de la Cámara de Cuentas lo acusan de la asignación ilegal de los fondos públicos, al votar para el señor Alfredo Antonio Peralta Rivas, desvinculado de la entidad, mediante una propuesta de la miembro de la entidad, la señora Elsa Peña Peña.

Los acusan de elaborar los presupuestos del 2022 y 2023 sin representantes de la institución, del Senado ni de la Cámara de Diputados y votar en favor de la aprobación de los informes remitidos al Congreso Nacional, sin contar con las auditorías a la ejecución del Presupuesto General del Estado de los años 2020 y 2021.