LA PAZ (AFP).- El presidente de Bolivia, Carlos Mesa, afrontaba la explosión de una nueva crisis social, con amenazas de huelgas y corte de rutas, tras un paro del transporte público este martes contra un impopular alza de precios de los combustibles.

La unitaria Central Obrera Boliviana (COB) y otros sectores cívicos y empresariales anunciaban reuniones por separado para definir medidas contra el incremento de precios de la gasolina decidido por el Gobierno a fines de 2004.

El sindicato campesino del jerarca aymara Felipe Quispe, cuya fuerza radica en el Altiplano de La Paz, amenazó, por ejemplo, con un corte de rutas, mientras los maestros de la educación pública con un boicot al inicio de clases en febrero próximo.

El gremio del transporte, que cumple un paro de 24 horas este martes, podría decretar en tanto una huelga nacional indefinida si no alcanza acuerdos con el Gobierno respecto a los nuevos precios de la gasolina, advirtió el dirigente del sector, Angel Villacorta.

La Confederación de Chóferes, que aglutina a asalariados y propietarios, pretende que se anule la suba de precios de los combustibles o definir, como «una de las últimas posibilidades», el aumento de las tarifas del transporte público.

El Gobierno se apresta a iniciar negociaciones, «en términos de ajustes tarifarios», con la Confederación de Chóferes, según el viceministro de Transporte, Mauricio Navarro.

La Superintendencia de Transportes anunció de su lado que fijará esta semana nuevas tarifas con un método, vigente desde 1999, que pondera factores que inciden en el costo global de operaciones.

No obstante, en la mayoría de las ciudades bolivianas los reajustes unilaterales entraron en vigor el lunes.

El paro del transporte público tuvo en general escasa acogida en el país, según imágenes de la televisión y autoridades.

Las protestas sociales se intensificaron luego de que el gobierno decretara el 30 de diciembre un aumento de 10% del precio de las gasolinas y del 23% en el del diesel (gasóleo).

Una inmediata repercusión de la medida fue el alza de precios de artículos de primera necesidad y el anuncio de ajustes en los del pan y la carne, a pesar de que en Bolivia rige desde 1985 un sistema de libre mercado.

Con el propósito de frenar el contrabando a países vecinos por los precios bajos, el Gobierno decidió poner fin a la subvención del precio de la gasolina y el diesel.

El Estado boliviano subvencionó durante los últimos ocho años los dos combustibles y el gas licuado, cuyo precio permanece congelado. Sólo en 2004 destinó más de 90 millones de dólares a ese rubro y tenía previsto gastar unos 60 millones el presente año.

La impopular medida generó además pedidos de renuncia del presidente Carlos Mesa por parte de sectores sindicales de La Paz y Santa Cruz, a los que se sumaron algunos representantes cívico-regionales y empresariales.

Ante esas demandas públicas, el ministro de Gobierno (Interior), Saúl Lara, afirmó que «podemos entender que se trata de una conspiración que se está encarnando, toda vez que hay sectores políticos que se están expresando con nombre y apellido en una situación que no puede entenderse sino de esa forma».

Lara responsabilizó de esos pedidos a «gente ligada al MNR», el partido del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, derrocado por la presión popular en octubre de 2003.