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Excelentísimo señor Presidente:

Teniendo en cuenta su anunciada voluntad de hacer lo que nunca se ha hecho para contribuir al desarrollo socio-económico y democrático dominicano; me permito hacerle los siguientes planteamientos.

En su discurso del pasado 27 de febrero, de rendición de cuentas de su administración durante el año 2013, al mencionar los logros alcanzados en ese período, algunos loables, tales como avances en los campos de la educación, y obras públicas prioritarias; así como otros no percibidos por el gran público, como el incremento en la producción agropecuaria, la industria manufacturera y la organización de los servicios de salud; usted silenció o trató solo de pasada grandes problemas que están en la raíz misma de la situación que enfrentamos como nación y como pueblo.

En dicho discurso se priorizan pactos nacionales para los sectores educación, eléctrico y fiscal; pero se silencian los graves problemas de fondo que tiene el país en el orden institucional, como el deterioro que se observa en la justicia y el orden público; que afectan al Ministerio Público, los tribunales, los organismos electorales, la Policía Nacional y otros cuerpos represivos; así como el virtual secuestro por el partido de gobierno, de los órganos de dirección de otros Partidos Políticos, y de buena parte de los gremios y organizaciones sociales del país, auspiciada por las llamadas “Altas Cortes”.

Empero, el primer y más importante pacto que requiere la sociedad dominicana es uno de orden político, que ponga freno a las ambiciones desmedidas de poder y riquezas que han convertido a las instituciones del Estado en meros instrumentos al servicio del partido en el poder, lo que hace de la democracia una entelequia, pues niega la posibilidad de ejercer una oposición seria y convierten la concurrencia a los certámenes electorales en una farsa.

Para usted no es un secreto que la República está atravesando una grave crisis institucional y moral, de imprevisibles consecuencias para el futuro dominicano en todos los órdenes. Dentro de ese ambiente público deletéreo, el descontento con el estado de cosas establecido solo tiene expresión posible en contados medios de comunicación social, o por medio de protestas populares.

La corrupción pública y privada, y la impunidad, la falta de transparencia en el manejo de los fondos públicos, que ha mejorado algo en su administración con respecto a la pasada, la extorsión de los más débiles por autoridades inescrupulosas; la especulación generalizada, los bajos salarios, el siempre creciente costo de la vida, la depredación de los recursos naturales y del medio ambiente, la justicia tardía y errática, así como el deterioro de los servicios públicos, son todas calamidades mayores que están a la vista de todos.