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Es en la administración y la justicia electorales en donde la situación dominicana raya claramente en el despotismo y es piedra de escándalo internacional.

Así, la actual Ley Electoral No. 275-97, aprobada durante la primera administración del PLD, es totalmente obsoleta, pues de acuerdo al art.112 de la Constitución debió ser sustituida por una ley orgánica que sea aprobada por las dos terceras partes de cada cámara legislativa; la que es mucho más importante que la Ley de Partidos Políticos, y sigue vigente todavía, de acuerdo a la cual hay en la JCE tres instancias decisorias, el pleno, la Cámara Administrativa y la Cámara Contenciosa; cuando desde que entró a funcionar el Tribunal Superior Electoral hay solo una con atribuciones meramente administrativas.

De acuerdo a la letra y a la praxis impuesta en la actual JCE, hay una total centralización en manos de su actual Presidente en todos los aspectos claves de proceso electoral, incluyendo la composición de los colegios electorales y de todo lo que corresponde a las juntas municipales; así como de las votaciones de los dominicanos en el exterior; ahora no se pueden contar los votos de los colegios sospechosos de irregularidades. La JCE solo se hace representar en los eventos de los partidos cuando consideran que benefician al partido oficial; mientras los delegados de los otros partidos están desprotegidos y no participan siquiera como testigos en todo el proceso de distribución de materiales, y la verificación que le corresponde hacer a las distintas fuerzas políticas en una elección.

Del mismo modo, deben perseguirse los delitos electorales con una fiscalía independiente, e impedir que la militancia de los partidos no gubernamentales sea perseguida o discriminada por los gobiernos de turno, o que los funcionarios que sean candidatos utilicen los recursos oficiales y los actos del gobierno para hacer propaganda.

En cuanto a la Ley de Partidos Políticos, es necesario que esta, retenida hace ya 10 años, contenga disposiciones que especialicen fondos para la educación de sus miembros, que se permita la libre elección en los partidos mayoritarios en elecciones primarias universales y simultáneas, bajo la supervisión de la JCE, la prohibición de candidaturas con supuestos mandatos, y que las alianzas con otros partidos afecten a candidatos ya elegidos, para evitar manipulaciones antidemocráticas por parte de las cúpulas partidarias, en perjuicio de las mayorías y de los organismos colegiados superiores.

A ese respecto, no se puede olvidar que es a partir de los procesos electorales que se definen directa o indirectamente los distintos poderes del Estado y, por lo tanto, son las principales garantías del sistema democrático dominicano.

A usted, como primer magistrado de la nación, le corresponde la responsabilidad de poner correctivos a esta situación y lograr que el equilibrio democrático sea restaurado, porque de lo contrario cualquier crisis de origen económico o social puede degenerar en estallidos sociales y situaciones de fuerza que todos habremos de lamentar. La historia está llena de lecciones en ese orden.

Señor Presidente, lo exhortamos a que dé un nuevo paso en su carrera política, un paso que es escencial para la convivencia democrática y el desarrollo sostenible del país…