San Francisco. La compañía propietaria del casino Mandalay Bay de Las Vegas (Nevada, EE.UU.) desde el que en 2017 un francotirador mató a 58 personas, anunció este jueves un acuerdo por el que compensará con por lo menos 735 millones de dólares a los familiares de los fallecidos y a los heridos.

Así, MGM Resorts International destinará entre 735 y 800 millones (en función del número de afectados que acepten participar) a compensar por daños físicos y psicológicos a los más de 850 heridos y a los familiares de las 58 víctimas mortales de la masacre ocurrida el 1 de octubre de 2017.

El acuerdo es el fruto de una demanda presentada por varias de las víctimas que acusaron al casino y hotel de no haber tomado las medidas necesarias para proteger a las 22.000 personas que ese día asistían al concierto de música “country” que se celebraba al aire libre en sus instalaciones.

En mitad de las actuaciones y desde la ventana de su habitación en el piso 32 del hotel, Stephen Paddock, de 64 años, abrió fuego contra los asistentes al concierto por motivos que la investigación todavía no ha logrado aclarar, y se suicidó antes de que la Policía pudiese arrestarlo.

Los 58 fallecidos (59 si se incluye al autor de la masacre) sitúan el tiroteo de Las Vegas como el más mortal de la historia de EE.UU.

“Nosotros y MGM creemos que este acuerdo dará compensación a miles de víctimas y a sus familias. Ha sido un proceso largo, pero nosotros y MGM creemos que esta es la mejor conclusión para nuestra comunidad, la empresa y las víctimas”, leyó en nombre de los afectados el abogado Robert Eglet al presentar el acuerdo.

Por su parte, el presidente y consejero delegado de MGM Resorts, Jim Murren, emitió un comunicado en el que aseguró que su objetivo “siempre ha sido resolver estas cuestiones para que la comunidad y las víctimas puedan seguir adelante en el proceso de recuperación” y que “no beneficia a nadie” que disputas legales de este tipo se alarguen.

En paralelo a las demandas contra MGM Resorts, algunas de las víctimas también han demandado a los fabricantes de las armas que Paddock usó en la matanza, y que incluye a compañías como Colt.