Miembros del Ministerio Público ocuparon hoy diferentes evidencias en varios allanamientos relacionados con una organización criminal a la que le fue ocupada 237 paquetes de cocaína clorhidratada en la Autovía del Este, en la provincia San Pedro de Macorís, el 29 de junio pasado.

La procuradora de corte Ramona Nova Cabrera y la fiscal Suleyka Mateo Torres, titulares interinas de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Pedro de Macorís, explicaron que la acción se llevó a cabo de manera conjunta con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

Los allanamientos se realizaron de manera simultánea en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, Monte Plata, Sabana Grande de Boyá y San Pedro de Macorís.

En uno de los allanamientos realizado a una finca ubicada en la localidad de Sabana Grande de Boyá se ocuparon documentos, piezas de armas de fuego de alto calibre, motocicletas, animales de crianza y equipos de agricultura y ganadería. La finca, valorada en unos 20 millones de pesos, también fue incautada.

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En otro allanamiento, realizado en la provincia Monte Plata, el Ministerio Público secuestró vehículos, documentos, aparatos electrónicos, piezas de armas de fuego de alto calibre y títulos de propiedad, entre otros elementos de prueba relevantes para la investigación.

En tanto que en el Distrito Nacional los fiscales intervinieron un apartamento ubicado en el sector Jardines del Caribe, en donde ocuparon pertrechos militares, dinero en efectivo, piezas de armas de fuego, documentos y títulos de propiedad, así como un dron y varios aparatos electrónicos que se presume eran utilizados en las actividades de narcotráfico de la organización.

En San Isidro fue intervenido e incautado un apartamento propiedad de uno de los miembros de la organización criminal.

También en Juan Dolio el Ministerio Público incautó, en virtud de orden judicial, dos embarcaciones, que, de acuerdo a labores de inteligencia, tenían por finalidad ser utilizadas para seguir introduciendo altas cantidades de drogas al país.

Los principales implicados en dicha investigación son Kelvin Agustín MejíaHerrera, José Luis Sánchez Vélez y Elvin Daniel Lawrence Gómez, quienes guardan prisión preventiva desde el 15 de julio del año 2022.