Loyda Peña 
Las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazaron ayer variar la medida de coerción que pesa sobre Carmen Magalys Medina Sánchez y Fernando Rosa, dos de los imputados en el caso Antipulpo que se mantienen bajo arresto domiciliario con uso de brazalete electrónico.
Asimismo, aplazaron para el próximo 11 de septiembre el inicio del juicio de fondo contra el grupo de 48 imputados de defraudar al Estado dominicano con más de RD$4.8 millones, encabezado por Alexis Medina Sánchez.
Las magistradas Claribel Nivar, Clara Castillo y Yissel Soto, decidieron mantener la medida de coerción a Carmen y a Fernando por entender que los presupuestos que motivaron su imposición no han variado.
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No obstante, accedieron a ordenar el retiro del brazalete electrónico al ex presidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), tras este alegar que no tenía recursos para seguir pagando las mensualidades que cobran por su uso.
Los imputados en los casos de corrupción a los que se les impuso dentro de la medida de coerción el uso de grillete electrónico, deben pagar a la compañía Monitoreo Dominicana un inicial de US$2,000, y US$560 mensuales.
Razones del aplazamiento
El inicio del juicio de fondo fue aplazado a los fines de que la imputada Libni Arodi Valenzuela Matos, una asimilada militar médico de la FARD y propietaria del Centro de Medicina Reproductiva Integral y Atención Femenina (Cemeraf) designe una defensa técnica que la asista con su empresa, ya que su abogado renunció y a ella y le fue asignado un Defensor Público.
