Loyda Peña 
Todavía ayer la jueza del segundo juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Franchesca Potentini, no había intimado al Ministerio Público a presentar acto conclusivo contra los imputados en el caso Calamar, requisito legal sin el cual no se puede declarar extinguida la acción penal no obstante haya el vencimiento del plazo.
Se espera que la magistrada tome una decisión el lunes 25 de marzo, justo cuando también se cumplen los cinco días que le da a ella el artículo 151 del Código Procesal Penal (CPP) para hacer la intimación “de oficio”, si la defensa no lo hiciere. Se recuerda que el MP solicitó una prórroga de cuatro meses para concluir la investigación de la llamada Operación Calamar, a fin de fortalecer la misma.
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En la oportunidad, la coordinadora de litigación de la Procuraduría Anticorrupción (PEPCA), Mirna Ortiz, informó que habían hecho muchas diligencias en tiempo hábil y oportuno en varios órganos estatales, y todavía esperaban respuestas que, desde el punto de vista del órgano acusador, “son vitales para la presentación formal del acto conclusivo, que será una acusación”.
En el ínterin de esa solicitud, se ha suscitado una serie de incidentes durante el proceso seguido contra los dos principales imputados, el exministro administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta y el exministro de Hacienda Donald Guerrero, que han consumido los cuatro meses de prórroga solicitada por el Ministerio Público.
Entre esos incidentes destacan la recusación de la titular del tribunal, magistrada Patricia Padilla, por parte de la defensa de Peralta por supuestamente “obrar con discrecionalidad excesiva.
A Padilla le sustituyó la jueza Ana Lee Florimón, quien fue objetada por el MP, porque supuestamente modificó su decisión respecto de solicitud de prórroga sin notificarlo a las partes, y “la papa caliente” fue dejada en manos de Potentini.
