El abogado Plutarco Jáquez consideró ayer que no obstante el acuerdo que firmó, el Ministerio Público debió imponerle a Ramón Emilio Jiménez Collie (Mimilo) una de las medidas menos gravosas de las contempladas en el artículo 226 del Código Procesal Penal (CPP) modificado por la Ley 10-15.

En su opinión, a Jiménez Collie, supuesto contacto directo del exministro de Hacienda Donald Guerrero en el caso Calamar, el MP debió imponerle aunque sea arresto domiciliario como medida de coerción.

Afirmó que “al mandarlo para su casa como si nada hubiese ocurrido”, el órgano de persecución estaría enviando una “muy mala señal a la sociedad”.

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Al empresario, el MP lo incluyó en el entramado de corrupción liderado por exfuncionarios del gobierno de Danilo Medina, que habría estafado al Estado con más de RD$21,000 millones a través del pago de contratos de cesión de créditos simulados y deuda inexistente a supuestos propietarios de terrenos expropiados. Fue sacado de la acusación luego de firmar un acuerdo con el órgano de persecución mediante el que admitió su participación en los delitos de asociación ilícita, soborno y lavado de activos y se comprometió a devolver RD$715 millones y varios inmuebles.

“Si bien es cierto que el MP tiene facultad para hacer algunos acuerdos, pienso que en el caso de Mimilo fue irracional; que el mensaje que están enviando es incentivar la corrupción administrativa. Mimilo debió estar en el expediente de Calamar aunque fuera bajo prisión domiciliaria”, dijo.

Acuerdo oportunidad

El MP negoció un acuerdo de oportunidad con Jiménez Collie y otros imputados en el caso Calamar “a cambio de su admisión de culpabilidad y colaboración eficaz” en su investigación del hecho punible, amparado en el artículo 370, párrafo 6 del CPP. Dice Mimilo era “gestor” fondos campaña PLD 2020.