El tercer intento de la jueza Altagracia Ramírez para iniciar el juicio preliminar contra los imputados en el caso Calamar volvió a fracasar ayer tras ella ser recusada por los sucesores Mota, por haberlos excluido de los acuerdos firmados por el Ministerio Público con Ramón Emilio Jiménez Collie (Mimilo) y Fernando Crisóstomos, y además dejarlos sin imputados en el proceso.
Los recusantes, representados por el abogado Pablo Castillo, quienes habrían sido afectadas con expropiaciones con un valor ascendente a RD$11,082 millones, acusan a la magistrada Rodríguez de violar los artículos 68 y 69 de la Constitución, relativos al debido proceso y la tutela judicial efectiva, en la audiencia del 22 de agosto en curso donde homologó los acuerdos de marras.
“A ella se le ocurrió decir que nosotros para esa audiencia no teníamos calidad, y para esta (juicio preliminar) sí tenemos calidad, y nosotros no podemos esperar que nos sigan asaltando y atrapando en nuestra buena fe, porque son procesos que van de la mano ya que es un solo expediente con los mismos imputados y los mismos querellante”, dijo Castillo a la prensa.
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Afirmó que en esa audiencia de homologación la jueza no podía declarar la extinción de la acción penal contra Mimilio y Cristóstomos, dejando a los querellantes sin imputados en el caso Calamar.
“Ella podía dejar extinguida la persecución pública, pero no la penal, porque cuando existe un querellante que va más allá y presenta una acusación particular, el tribunal debe darle la debida garantía, que fue lo que no pasó en esa audiencia”, enfatizó el abogado.
Indicó que debido a esa violación de la Constitución y la norma, “en la audiencia preliminar de hoy (ayer) estaríamos con los imputados incompletos, porque no puede decirnos a nosotros que esos imputados (Mimilo y Crisóstomos) están exentos, cuando hay unos querellantes que entienden que se les ha violado sus derechos: estamos hablando de falsificación, uso de documentos falsos y asociación de malhechores que es de lo que están acusados”, subrayó Castillo.
En instancia dirigida a la Corte de Apelación del Distrito Nacional, solicitan que la magistrada Ramírez sea sustituida por otro juez para conocer el proceso contra los imputados en el caso Calamar.
Wilson Camacho, titular de la PEPCA pidió a la jueza rechazar la objeción en su contra, y esta así lo hizo, afirmando que la misma “no tiene mérito”, y esperará que la Corte decida.
La magistrada aplazó la audiencia para el próximo 30 septiembre.