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Involucrados en caso Calamar. Archivo.
Hoy se vencen los ochos meses para la presentación del expediente del caso Calamar por parte del Ministerio Público (MP), luego de la declaratoria de complejidad que extendió el plazo para que el órgano persecutor presente la acusación formal en contra de los involucrados.
El caso fue declarado complejo el pasado mes de abril, por medio de la resolución número 0670-2023-SMDC-00535, lo que implicó un aumento del plazo para que el MP concluya la investigación y someta a los 20 señalados de participar en el alegado fraude.
Esta operación, llevada a cabo por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), se puso en marcha el pasado mes de marzo con 40 allanamientos y el apresamiento de 15 personas, entre ellos los exministros Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y Donald Guerrero.
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Dicho operativo que se extendió en diferentes ciudades del país, de acuerdo con la Procuradora adjunta y directora de persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, fue el resultado de “profundas” investigaciones que se iniciaron en el año 2021.
Desde entonces, la Pepca ha repetido constantemente que poseen pruebas “sólidas” para acusar a los imputados, y que el caso está lo suficientemente “blindado” con “más de 1,200 elementos de pruebas depositados” y “una medida de coerción de más de tres mil páginas”.
Caso controversial
Con el apresamiento de tres altos funcionarios del gobierno del expresidente Danilo Medina, este caso adquirió carácter político, generando aún mayor revuelo por las medidas de prisión preventiva impuestas al ex ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta; y el ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero.
Actualmente, ninguno de los imputados se encuentra en la cárcel. El ex candidato presidencial por el PLD, Gonzalo Castillo, enfrenta prisión domiciliaria; y a José Ramón Peralta, que era el único que continuaba en prisión preventiva, se le varió la medida al otorgársele libertad bajo fianza el pasado 8 de noviembre.
En la revisión de medida de Peralta, sus defensores revelaron importantes contradicciones en las declaraciones de uno de los testigos delatores, Bolívar Ventura, por lo que solicitaron su libertad y exigieron el cierre del proceso en su contra.
