Loyda Peña 
La audiencia se prolongó hasta cerca de la medianoche.
Defensa de Guerrero solicitó además a jueza intimar MP a presentar acto conclusivo en 15 días. Dice plazo etapa preparatoria perimió
Por tercera ocasión la jueza de la Instrucción Kenya Romero recesó el conocimiento de solicitud de medidas de coerción hecho por el Ministerio Público contralos 20 imputados en el caso Calamar. Las defensas técnicas de Donald Guerrero, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, principales imputados, para quienes el MP solicita 18 meses de prisión preventiva, pidieron libertad “pura y simple” para sus clientes.
La audiencia contra el grupo de imputados en el entramado criminal que habría estafado al Estado dominicano con RD$19,000 millones utilizando como instrumento a varias instituciones públicas, se prolongó hasta pasadas las 10 de la noche quedando tres encartados por exponer su defensa.
Quiere se intime al MP
Los abogados del exministro de Hacienda, encabezado por Eduardo Núñez, fueron los primeros en ripostar las imputaciones del MP, luego de que el pasado viernes diez de los encartados admitieran su responsabilidad en hechos que les imputan, y prometieran entregar recursos obtenidos de manera ilícita, y colaborar con la investigación del caso.
En sus conclusiones la defensa de Guerrero se auxilió de un criterio de la procuradora general Miriam Germán de que “la citación del imputado para declarar ante el MP constituye una medida de coerción conforme a lo establecido en el artículo 23 del Código Procesal Penal (CPP)”, para solicitar además al tribunal en base al artículo 151 de la misma norma, declarar vencido el plazo máximo de la investigación, e intimar al MP a presentar acto conclusivo en un plazo temporal de 15 días.
Según explicó la abogada Laura Rodríguez, tomando en cuenta que a Guerrero le fue impuesta una alerta migratoria el 22 de noviembre del 2020, fue interrogado por primera vez el 5 de febrero del 2021 y el 18 de marzo del 2022 la magistrada Yeni Berenice Reynoso le hizo una instrucción particular.
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“Tomando en consideración el carácter cautelar de la citación y que la primera operó para este caso el 5 de febrero del 2021, a la fecha el Ministerio Público ha agotado aproximadamente dos años y 28 días de la etapa preparatoria dispuesta por la norma procesal penal”, dijo, entre otros argumentos.
Víctima de la mentira
La defensa del exministro de Obras Pública asegura que en el expediente del MP no hay elementos para enviar a prisión a Castillo, y que incluso el MP acusador y sus delatores se contradicen respecto del imputado. Laura Acosta y Nassef Perdomo señalaron que mientras el Ministerio Público dice que el entramado fue con el objeto de que Gonzalo tuviera éxito en la campaña, los delatores dicen que todo empezó en el 2013, 2015, 2016, “cuando Gonzalo Castillo ni siquiera soñaba con ser candidato a presidencia”.
Afirmaron que Castillo llegó a la administración pública con deudas por USD40 millones “y salió con un pasivo de RD$5,000 millones”.
“Evidentemente que el testigo del Ministerio Público está mintiendo y todo el dinero que él reconoce que se cogió, quiere tirárselo encima a Gonzalo Castillo”, dijo Acosta.
No basta con delatores!
Los abogados de José Ramón Peralta solicitaron a la juez su libertad inmediata, afirmando que el MP no presentó evidencias documentales en su contra, ni ninguno de los querellantes y actores civiles tampoco accionó contra el exministro Administrativo de la Presidencia. Emery Rodíguez, quien junto a Santiago (Chago) Rodríguez integran la defensa de Peralta, indicaron que tampoco el testimonio de los delatores Bolívar Ventura, Ramón Emilio Jiménez (Mimilo) y Francisco Pagán son suficientes “porque ninguno vincula a JR Peralta con los hechos narrados en la solicitud del Ministerio Público.
