Este miércoles los acusados por la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA), de pertenecer a una red de corrupción y otros delitos en el caso Calamar se presentan ante el juez para seguir con el proceso de conocimiento de medida de coerción.
Este caso involucra a los exministros Donald Guerrero, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta y otros funcionarios del gobierno del ex presidente de la República, Danilo Medina. Así como, otros miembros del Partido Revolucionario Moderno (PRM) que han sido señalados en el expediente.
El Ministerio Público ha dicho que este es el caso más grande en cuanto a monto de dinero que se ha presentado en el país y por el perfil de los imputados se espera que los abogados de estos sean profesionales del derecho destacados. En ese sentido, ¿Quiénes defienden a quiénes?
Por el Ministerio Público la dupla de los titulares de la PEPCA Yeni Berenice y Wilson Camacho se encargan de liderar el proceso. Mientras que en el caso de los principales señalados:
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Laura Acosta, abogada de Gonzalo Castillo
Laura Acosta, sobrina del reconocido periodista Huchi Lora, definida por varios sectores nacionales como una abogada con capacidad para asumir la misma Procuraduría General de la República (PGR), activista social y representante del Estado dominicano en el caso de Bahía de las Águilas, del cual se dice no cobró honorarios por sus funciones como abogada del Estado.
Además, trascendió que fue propuesta para que el presidente, Luis Abinader, la designara al frente de varias instituciones durante la conformación de su gabinete pero esto no se materializó. Es una activa representante de la Sociedad Civil en la vida nacional.
En diciembre de 2016 Laura Acosta fue escogida por la destacada revista Forbes como una de las 25 personalidades más influyentes de ese año.
Nassef Perdomo, abogado de Gonzalo Castillo
Nassef Perdomo, hijo de la periodista Margarita Cordero y el dirigente político Tácito Perdomo, activo miembro de la Sociedad Civil, duro crítico de alguna de las decisiones de las autoridades. Abogado, doctor en derecho constitucional, socio en la firma de abogados Acosta Perdomo y defensor de Gonzalo Castillo en el caso Calamar.
En 2018 rechazó la propuesta que hicieron para que aspirara a ser juez del Tribunal Constitucional alegando que prefería dedicarse al desarrollo de su carrera profesional y su vida personas. En varias ocasiones se ha manifestado en contra de la judicialización de la política.
Perdomo también fue Director de Proyectos de Estado de Derecho de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) y colaborador del Observatorio del Tribunal Constitucional y la propuesta de ley de reforma policial.
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Eduardo Núñez, abogado de Donald Guerrero
Eduardo Núñez, con doctorado en derecho, especialista en derecho penal, fundador de la firma Vásquez Núñez y Asociados y docente. Además, fue comentarista en el programa radial de opinión «El Gobierno de la tarde».
Núñez adquirió notoriedad pública tras el caso de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, además es parte de la defensa del hermano del ex presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, Alexis Medina en el caso AntiPulpo.
Eduardo Núñez es consultado asiduamente por los medios de comunicación para que ofrezca sus consideraciones sobre los casos en los tribunales que acaparan la atención pública.
Emery Rodríguez, abogada de José Ramón Peralta
Emery Rodríguez, abogada con maestría en derecho constitucional y derecho tributario; postgrado en derecho procesal penal. También es una figura frecuente en los medios de comunicación como comentarista de programas de opinión y consultada frecuentemente por los medios de comunicación sobre los casos judiciales que acaparan la atención de la ciudadanía. Es socia fundadora de Fortiori Consultores legales.
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Además, de defender al ex ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, Rodríguez resaltó por su defensa del empresario Ángel Rondón en caso Odebrecht y de Berlinesa Franco, viuda del fenecido alcalde Juan de los Santos, en el caso de presunta corrupción durante su gestión frente al Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia (INAIPI).
Esther Agelán Casanovas, abogada de «Mimilo» Jiménez
La ex jueza de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Esther Angelán Casanovas, es la abogada de Ramón Emilio «Mimilo» Jiménez, principal delator del Ministerio Público en la Operación Calamar y señalado como la persona que le entregaba grandes cantidades de dinero a los principales acusados.
Angelán Casanovas fue jueza por más de 20 años y gue la encargada de conocer la objeción al archivo provisional del caso contra el senador Félix Bautista, en ese momento se le intentó recusar por sus presuntos fuertes vínculos con Bautista.
La abogada participó en la convocatoria para los nuevos jueces de las altas cortes hecha por el Consejo Nacional de la Magistratura en 2019. Fue jueza de paz, jueza de la instrucción, presidió dos tribunales colegiados, fue jueza de la corte de apelación y por último jueza de la Suprema Corte de Justicia.
Wendy Lora, abogada de Luis Miguel Piccirilo
Wendy Lora, abogada con maestría en derecho y relaciones internacionales. Además, tiene especialización en ciencias penales con mención del Ministerio Público, especialista en Compliance, en Transparencia, Accontability y Lucha contra la Corrupción.
Fue directora general de la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda de la República Dominicana, coordinadora nacional y secretaria técnica del Comité Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Lora representó a la hermana del expresidente, Danilo Medina, Magalys Medina en el caso de corrupción AntiPulpo. La abogada renunció a su puesto en el Ministerio de Hacienda para asumir la defensa de Medina, puesto en el que se desempeñaba, inclusive, desde la gestión de Donald Guerrero frente al Ministerio de Hacienda.
Wendy Lora también fue procuradora fiscal, directora de la Criminalidad Organizada, entre noviembre de 2009 y junio de 2014. También fue docente de la Escuela Nacional del Ministerio Público y fue en República Dominicana la coordinadora del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).