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La defensa de Hugo Beras presentó un recurso de apelación contra la medida de coerción impuesta por la jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), implicado en el caso Camaleón.
La información fue confirmada a Hoy Digital por la abogada Laura Acosta, integrante del equipo de defensa de Hugo Beras.
«Sí, depositamos ya nuestro recurso de apelación», dijo Acosta al ser consultada sobre el tema.
El recurso será remitido a la Corte de Apelación para evaluar su admisibilidad y fijar una fecha para su consideración.
Cabe recordar que el funcionario cumple 18 meses de prisión preventiva como medida cautelar en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
Otros acusado
Además, de Hugo Beras, también cumplen prisión preventiva José Ángel Gómez Canaán (Jochi), propietario de la empresa Aurix S.A.S., y Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del INTRANT.
Asimismo, la jueza Fátima Veloz dispuso que Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de tecnología del INTRANT, cumpla arresto domiciliario; mientras que, a Frank Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras del INTRANT, se le impuso una garantía económica de 2 millones de pesos, impedimento de salida y presentación periódica.
En cuanto a los acusados Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del INTRANT, y Carlos José Peguero Vargas, se les impuso una garantía económica de un millón de pesos, impedimento de salida y presentación periódica como medida de coerción.
La jueza también admitió el pedimento del Ministerio Público de declarar el caso complejo. Veloz fijó la revisión obligatoria de las medidas para el 9 de enero de 2025.
Los imputados son acusados de formar parte de una red de corrupción y crimen organizado, involucrados en delitos como desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructura crítica y robo de identidad.
Estos delitos están tipificados y sancionados en el artículo 146, numeral 1 de la Constitución de la República Dominicana sobre la proscripción de la corrupción. Además, el Código Penal dominicano regula estos crímenes en los artículos 123, 124, 147, 150, 151, 171, 172, 265, 266 y 405. También se aplican la Ley 53-07 contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, la Ley 17-19 sobre Erradicación del Comercio Ilícito y Contrabando, la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y la Ley 267-08 sobre Terrorismo.
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