Los jueces de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional variaron la noche de este lunes la prisión preventiva impuesta como medida de coerción contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras; el empresario José Ángel Gómez Canaán (Jochy), y Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant.

En su lugar, los imputados en el caso Camaleón deberán pagar una garantía económica, presentarse periódicamente ante el tribunal y no podrán salir del país sin previa autorización de las autoridades.

Se recuerda que por el proceso judicial Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de tecnología del INTRANT, cumple arresto domiciliario; mientras que, a Frank Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras del INTRANT, se le impuso una garantía económica de 2 millones de pesos, impedimento de salida y presentación periódica.

En cuanto a los acusados Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del INTRANT, y Carlos José Peguero Vargas, se les impuso una garantía económica de un millón de pesos, impedimento de salida y presentación periódica como medida de coerción.

Los imputados son es acusados por el Ministerio Público de formar parte de una red de corrupción y crimen organizado, involucrados en delitos como desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructura crítica y robo de identidad.

Estos delitos están tipificados y sancionados en el artículo 146, numeral 1 de la Constitución de la República Dominicana sobre la proscripción de la corrupción. Además, el Código Penal dominicano regula estos crímenes en los artículos 123, 124, 147, 150, 151, 171, 172, 265, 266 y 405. También se aplican la Ley 53-07 contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, la Ley 17-19 sobre Erradicación del Comercio Ilícito y Contrabando, la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y la Ley 267-08 sobre Terrorismo.

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