“Ambigüedades” y “omisiones”, habrían sido las causas por las que la coordinadora de los juzgados de la Instrucción le rechazó dos veces a la fiscal del Distrito la solicitud de orden de arresto contra siete agentes de la Policía, acusados de la agresión al Defensor del Pueblo y a miembros de la prensa, en el Canódromo.

Sin embargo, la fiscal Rosalba Ramos aclaró que las divergencias estuvieron motivadas en que la jueza entendía pertinente agotar una fase de conciliación

“Nosotros entendíamos que no era necesario agotar esa fase de conciliación por el tipo legal que corresponde, y por eso procederemos a presentar las acusaciones en los próximos días, conjuntamente con la solicitud de medida de coerción contra los imputados”, dijo.

Recordó que el defensor del Pueblo es una figura constitucional y, por tanto, “ el problema principal aquí es el irrespeto entre autoridad a otra autoridad en el ejercicio de su función”, subrayó a periodistas.

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Informó que ya están preparando el acto conclusivo del caso contra el grupo de agentes asignados a la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), encabezado por Ysabelita de los Santos Pérez.

El hecho se produjo el pasado 11 de abril, cuando el defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, se presentó al Canódromo a hacer una visita de inspección para constatar denuncias del deterioro de miles de vehículos de motor retenidos a ciudadanos, y las vicisitudes que pasaban cuando iban a retirarlos.

El funcionario estaba acompañado de colaboradores, periodistas y camarógrafos cuando se produjo el incidente con la seguridad del Canódromo, que le impidió hacer su labor de inspección, resultando Ulloa y varios de sus acompañantes con lesiones curables de 1 a 10 días, según certificados médicos que presentaron.

De los Santos Pérez dijo a periodistas el día del incidente que ese era un lugar privado.