El Ministerio Público dijo que varió solicitud de coerción contra una de las implicadas; no reveló el nombre

El conocimiento de medidas de coerción contra los implicados en el caso denominado Coral 5G fue aplazado para el próximo lunes 13 del presente mes a las 10:00 de la mañana.

De acuerdo a uno de los abogados de los encartados, la próxima semana refutarán las pruebas que dice tener el Ministerio Público, ya que “están amañadas y carecen de base legal y es improcedente”.

Otro de los defensores de uno de los implicados informó que en la audiencia presentó los arraigos de su cliente y las informaciones que demuestran su inocencia.

“Es una persona con recursos comunes y ha estado dispuesta a colaborar con el proceso; ha ido a los interrogatorios cada vez que fue convocada”, dijo Yolenny Cruz, abogada de Esmeralda Ortega Polanco.

De su lado, Wilson Camacho, titular de la Persecución de la Procuraduría General de la República, calificó como «una falacia» lo dicho por la defensa, sobre la ilegalidad de las pruebas en contra de los imputados, que incluyen, además, 94 testimonios de cómo operaba el supuesto entramado.

El órgano acusador, previo al conocimiento de medidas cautelares, informó que tienen a su favor más de 15 mil evidencias “irrefutables”.

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En ese sentido, dijo que solicitó al Tribunal la variación de la medida de coerción a favor de una de las acusadas, la cual no reveló el nombre.

El Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción junto a más de 700 pruebas que vinculan a los imputados al entramado de corrupción administrativa desmantelado con la Operación Coral 5G, para quienes pide 18 meses de prisión preventiva y que el caso se declare complejo.

La medida fue solicitada en contra de los generales Juan Carlos Torres Robiou (FARD), Julio Camilo de los Santos (FARD) y Boanerges Reyes Batista (ARD), así como del capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores (ARD), los coroneles Carlos Augusto Lantigua Cruz, Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, Miguel Ventura Pichardo (FARD) y el teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez (FARD).

También, contra el teniente coronel Kelman Santana Martínez (ERD) y el mayor José Manuel Rosario Pirón (PN). Igualmente, la primer teniente Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, César Félix Ramos Ovalle y Esmeralda Ortega Polanco.

En el caso del general De los Santos Viola, se conocerá en otra audiencia, cuando la Corte de Apelación del Distrito Nacional decida sobre la recusación a la jueza Romero.

El auto de solicitud de coerción incluye documentos de bancos, títulos de propiedad, bienes inmuebles que han sido decomisados y una serie de elementos probatorios.

En el proceso también representan al Ministerio Público los fiscales Mirna Ortiz, coordinadora litigación de la Pepca; Miguel Collado, María Melenciano, Jonathan Pérez, Emmanuel Ramírez, Arolin Lemos Féliz y Melvin Romero.

El grupo de imputados de la Operación Coral 5G es custodiado por el sistema penitenciario en el Centro de Atención y Privación de Libertad Provisional (Caplip) del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

La red de corrupción desmantelada con las operaciones Coral y Coral 5G movió al menos 4,500 millones de pesos, ha establecido el Ministerio Público durante la investigación.

A los oficiales de cuerpos castrenses, incluyendo generales, se les ha ocupado hasta el momento unas 125 propiedades.

La Operación Coral 5G se ejecutó con 49 allanamientos en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Santiago y La Vega, en una acción sincronizada, dirigida por los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, responsables de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Pepca.