De 18 a 30 se elevó el número de personas físicas, en su mayoría exmilitares, contra quienes la Procuraduría Anticorrupción (Pepca) depositó ayer acusación formal por un supuesto fraude al Estado estimado en RD$4,200 millones, a través de los denominados casos Coral y Coral 5G, cuya fusión solicitó.

La acusación incluye también a 18 empresas, y tiene como principales imputados en sendos casos, a los generales Adán Cáceres Silvestre, exjefe de escolta presidencial de Danilo Medina, y Juan Carlos Torres Robiou (FARD).

A ambos grupos se les imputan delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, y otros tipificados en el Código Procesal Penal (CPP).

La acusación consta de 3,268 páginas y más de 3,500 pruebas, y fue depositada en la Oficina Coordinadora de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional por una comisión de fiscales encabezados por la encargada de Litigación de la Pepca Mirna Ortiz.

“Hemos depositado una acusación de 3,268 páginas más 3,500 pruebas documentales y más de 400 pruebas testimoniales, y se han incluido también 12 nuevos imputados, para un total de 48, tanto personas físicas como jurídicas, y estamos solicitando la fusión de los dos procesos (Coral y Coral 5G) por tratarse de una misma operación”, dijo la representan del Ministerio Público (MP).

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Las Defraudaciones

Se habrían hecho desde el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), que dirigía Cáceres, y en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), a cargo de Torres Robiou.

También desde el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), durante la gestión de Greybby Cuello, esposa Torres Robiou.

Ortiz informó que sobre todas las maniobras fraudulentas realizadas desde esas instituciones, el Ministerio Público depositó además pruebas periciales y materiales de incautaciones “de cientos de bienes inmuebles en los que los imputados invirtieron más de RD$2,000 millones de los recursos fruto del entramado de corrupción que formaron”.

Agregó que todo saldrá a la luz pública cuando se fije la fecha para audiencia.