La defensa técnica de Rossy Guzmán atizó ayer el fuego en la audiencia preliminar del caso Coral al afirmar que los bienes millonarios que posee la imputada son producto de su trabajo como abogada y prestamista inmobiliaria desde el año 2000 cuando se graduó, no como “Pastora”.
Héctor López Rodríguez dijo que a la fecha Guzmán “manejó RD$168 millones del ejercicio de su profesión”, y que fue en el 2012 cuando Danilo Medina asumió la Presidencia de la República cuando ella “se convirtió en Pastora y dejó de prestar dinero y de ejercer la profesión de abogado”.
A Guzmán, a su hijo Tanner Flete, y a su empresa Único Real State, el Ministerio Público le atribuye ser parte de la estructura de lavado de activos dirigida supuestamente por los generales Adam Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou y Rafael Núñez de Haza, desde los consejos de Seguridad Presidencial (Cusep), Turística (Cestur), y de Niños Niñas y Adolescentes (Conani).
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La defensa admitió que Guzmán participó como “gestora” en la construcción de cuatro casas de cuatro generales, cada uno de los cuales depositó en el banco los recursos para dichas viviendas, y que todos los documentos de esas transacciones le fueron entregados al MP antes de que Guzmán fuera arrestada.
“El Ministerio Público lo sabía, y con una obligación que tiene de presentar las pruebas a descargo, no lo hizo y continuó con su inquina, con su historia mal contada de una casa construida por gente que trabaja y que ha demostrado de dónde obtuvieron sus fondo”, dijo el abogado.
Indicó que aun si los generales no pudieran demostrar la procedencia de sus recurso, “eso es problema de ellos, porque cuando a usted le depositan en un banco, cuando se bancarisa una operación, nadie puede hablar de que usted está lavando activos; ese dinero no fue entregado por ninguno de esos generales ni en funda ni en caja, de noche; fue depositado en cuentas bancarias”, sostuvo.
La defensa de la Pastora y su hijo Flete solicitaron a la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional Yanibet Rivas dictar auto de no ha lugar, asegurando que su cliente es inocente de los hechos que se le imputa, y que además, de las pruebas depositadas en su contra más de 200 han sido declaradas inadmisibles, y las de aspecto técnicos son insuficientes.
La jueza aplazó la audiencia para el próximo viernes 14 de este mes a las 9:00 de la mañana, faltando por responder las acusaciones del MP los imputados Kelman Santana Martínez, Esmeralda Ortega Polanco y Adam Cáceres Silvestre, tras lo cual corresponde al órgano acusador hacer contrarréplica , y luego de nuevo a los imputados.