El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional decidió ayer sobreseer (archivar) el conocimiento del caso Costa Dorada, hasta tanto la Corte de Apelación decida un recurso interpuesto contra la sentencia mediante la cual el Séptimo Juzgado de la Instrucción, envió el caso a juicio de fondo.

Las magistradas Yisell Soto, Clara Castillo y Yileika Henríquez, acogieron así un pedimento hecho por un grupo de empresarios que alegan fueron estafados con 6.3 millones de metros cuadrados de terreno en las costas de Baní, y no fueron admitidos como querellantes por el tribunal de primera instancia.

Las empresas querellantes son Hilari Mayol, S.A.S.; Mayor& Co., SRL; Grand Cays Corporation, y Okra Conpani Ltd; quienes accionaron contra Rafael Olegario Helena Regalado y Aliec Paloma Soto Garabito, a quienes acusan de supuestamente haberlas estafado.

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Reclaman las acciones de la compañía Costa Dorada y la devolución de los 6.3 millones de metros cuadrados de terreno con los que las habrían defraudado los demandados.

Las familias Mayol y Serrano afirman que fueron afectadas “por un entramado tramposo” que se apropió de su compañía Costa Dorada, y del terreno costero antes señalado.

Helena Regalado y Soto Garabito enfrentan cargos por falsedad en escritura de comercio, y asociación de malhechores.

Helena se desligó de la estafa y la atribuyó a “otros abogados mafiosos que se auxilian de algunos medios de comunicación para hacer creer la versión de las supuestas víctimas”.

De su lado, Ignacio Miranda, abogado de los querellantes, afirmó que la sentencia que los excluyó del caso, “solo faculta a la Fiscalía del Distrito Nacional para seguir la acusación como acción pública”.

El conocimiento de apelación contra la sentencia de marras está estancando en la Primera Sala Penal de la Corte, por incidentes.