Las 45 mujeres (43 colombiana y dos venezolanas) que el Ministerio Público logró rescatar mediante la Operación Flor de Loto, eran mantenidas cautivas en varios apartamentos ubicados en los residenciales Molina VI y Tecasa Dorado II, V y VI, de Los Rieles de Gurabo, en Santiago, donde las explotaban sexualmente.

Así lo estable el órgano persecutor en el documento de solicitud de coerción contra los presuntos integrantes de la «estructura criminal», Junior David Matos Monegro (Junior) y Estarly Almánzar Pérez, «quienes viajaban a Colombia para seleccionar y reclutar a sus víctimas, costeando procesos migratorios y de vivienda, atándolas con esta deuda, que debían ejercer labores sexuales bajo condiciones dispuestas por ellos, para poder saldar la deuda».

«Las féminas eran víctimas de explotación sexual comercial y otros crímenes conexos, en tanto que dependían de los tratantes para poder movilizarse de un lugar a otro. Los hombres, arrestados durante la operación, tenían bajo control los documentos de identidad de algunas de estas víctimas y, además, tenían control del pago que hacían sus clientes, con quienes ellos coordinaban el catálogo de servicios sexuales y los precios a pagar a través de la plataforma de mensajería de WhatsApp«, afirma el MP.

Las pruebas

Durante los allanamientos los organismos involucrados se incautaron de más de 300 pruebas, entre materiales, documentales y otras testimoniales, que vinculan a los imputados con la actividad criminal.

El MP, que solicita la prisión preventiva y se declare complejo el proceso, presentó contra los imputados cargos provisionales por violación a la Ley 137-03, Sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas y a los artículos 265, 266, 333, 334, del Código Penal, que tipifican la asociación de malhechores y el proxenetismo, en perjuicio de las víctimas y el Estado.

Meses de investigación

El órgano acusador dijo que la liberación de estas víctimas es el resultado de una investigación que requirió de un exhaustivo seguimiento y vigilancia, entre otras labores de inteligencia para conocer desde su seno cómo operaba la red criminal que, a sabiendas de la vulnerabilidad y necesidad económica de las víctimas, las sometían a extenuantes jornadas laborales sexuales y forzosas, privándolas de su dignidad y violentando sus derechos humanos.

Allanamientos

El titular de la Fiscalía de Santiago, Osvaldo Bonilla Hiraldo, informó que en el desarrollo de los 15 allanamientos, que demandaron la disposición de más de 100 personas entre fiscales, fiscalizadores y oficiales de la Policía Nacional y que realizaron el mayor de los esfuerzos por resguardar a las víctimas.

Agregó que, más allá de la ilicitud de estas actividades, envían un mensaje en favor de la dignidad de las mujeres y de las familias que residen en los residenciales donde la organización criminal quiso implantar un estado promiscuo.

La Ley 137-03 Sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, sanciona los delitos de tráfico y trata de personas de los que se desprenden un sin número de violaciones a la dignidad humana.

Los apartamentos donde residían las víctimas eran alquilados por los imputados, que las mantenían bajo vigilancia para garantizar la “inversión”. A los procesados les ocuparon sustancias controladas y armas.

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