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La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste dictaminó prisión preventiva contra los siete involucrados en el supuesto delito de lavado de activos proveniente del narcotráfico, arrestados en marzo pasado durante la Operación FM.
El tribunal, luego de varias audiencias, dictó este lunes la prisión preventiva por seis meses para Juan Gabriel Pérez Tejada, Juan Isidro Pérez de la Rosa y Anabel Altagracia Sánchez Santana, la cual deberán cumplir en los centros de corrección y rehabilitación para hombres y mujeres en Rafey, Santiago.
La jueza impuso tres meses de prisión preventiva a Gladis Sofía Azcona de la Cruz, Rolando Miguel Reyes Javier, Dyna Madison Noguera Polanco, Ramluis Mejía Azcona, en los centros de corrección y rehabilitación de Najayo
Hombres y Najayo Mujeres, en San Cristóbal.
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El tribunal también declaró el caso de tramitación compleja, como solicitó el Ministerio Público, encabezado por la procuradora de corte Ramona Nova, titular de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
La jueza Cecilia Toribio adoptó la decisión con base en diversas pruebas aportadas en el proceso por el Ministerio Público.
El Caso FM está vinculado a una red internacional dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico a la que en agosto de 2020 se le ocupó unos 4.3 millones de dólares traídos a República Dominicana en bocinas.
Los imputados fueron arrestados en la Operación FM, desarrollada por el Ministerio Público el pasado 10 de marzo, bajo la Dirección General de Persecución y la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, como parte de la lucha que desarrolla la Procuraduría General de la República contra la criminalidad organizada.
La operación incluyó allanamientos en Santiago, Santo Domingo y Punta Cana, en los que los fiscales actuantes ocuparon más de un millón de dólares y 760 mil pesos, así como 13 vehículos, incluyendo uno marca Ferrari y dos
Porsche.
Unos 15 fiscales y 145 miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y otros organismos de seguridad del Estado dominicano estuvieron a cargo de la operación que contó con la cooperación internacional de la HSI (Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional) de Estados Unidos.
