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El juez Amauri Martínez, del Tercer Juzgado de Instrucción, suspendió este viernes la audiencia preliminar en la que el exprocurador Jean Alain Rodríguez empezaría a refutar la acusación de dirigir un «entramado de corrupción» cuando estuvo al frente de la Procuraduría General de la República (PGR) en el período del 2016 al 2020, desarticulado mediante la Operación Medusa.
El tribunal tomó la decisión tras acoger la solicitud de la defensa de la imputada Altagracia Guillén, quien presentó una licencia médica de siete días por problemas de salud.
De su lado, el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, expresó su preocupación de que esto podría ser una «estrategia» de Rodríguez para dilatar el proceso judicial, con el fin de obtener tiempo.
«Este tribunal debe tener presente de que esto da aviso de un patrón de conducta. Y ese patrón de conducta, podría continuar con otras defensas que Jean Alain Rodríguez Sánchez controla», dijo el procurador fiscal.
En tanto que el abogado de la imputada Guillén, Valentín Medrano, calificó las declaraciones de Camacho como «abusivas» y «arbitrarias».
La nueva audiencia se fijó para el próximo viernes 12 abril, a las 9:00 de la mañana.
Admiten culpabilidad
Hasta este martes un total de 25 implicados en hechos de corrupción en el expediente de la Operación Medusa, han admitido su culpabilidad tras arribar a acuerdos con el Ministerio Público.
Entre estos se encuentran 14 personas físicas y 11 personas jurídicas.
El último de los acuerdos fue realizado con Ismael Elías de Jesús de Peña Tactuk, quien formaba parte de las empresas que tuvieron que pagar sobornos en el Plan de Humanización a las principales autoridades de la Procuraduría General de la República durante la gestión de Jean Alain Rodríguez Sánchez.
Anteriormente, entre otros, admitieron su culpabilidad y acordaron colaborar con el proceso los acusados Carlos Augusto Guzmán Oliver, representante de la razón social Herrajes Rachel; César Nicolás Rizik Pimentel, los hermanos Daniel Enrique Vásquez Féliz y Francisco Alberto Vásquez Féliz, Fausto José Cáceres Santerio, la empresa La Parasata Mercantil y Francisco Arturo Santos Gómez.
El Ministerio Público también arribó a un acuerdo con el acusado Francisco Arturo Santos Gómez.
De igual forma, con la entidad comercial Rogama SRL, entre otros.
En el expediente son acusados 41 personas físicas y 22 razones sociales.
El órgano del sistema de justicia acusa al grupo de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. También, por sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos.
Además de Rodríguez Sánchez y Forteza Ibarra, el órgano persecutor acusa en este entramado de corrupción a Alfredo Alexander Solano, ex subdirector administrativo del Ministerio Público, y a Jonathan Joel Rodríguez Imbert, ex director administrativo.
Asimismo, a Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos; a la ex subdirectora administrativa, Altagracia Guillén Calzado, así como a Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad, y al exasesor Miguel José Moya.
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