En el caso Medusa, contra el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, pesan en total 14 acusaciones, en el que además están imputadas otras 41 personas.

Sin embargo, de acuerdo a los expertos, la que le podría representar una mayor condena si es hallado culpable es la de lavado de activos agravado.

Según el abogado Félix Portes, «los tipos penales de lavado de activos de los cuales se le acusa a Jean Alain Rodríguez de haber violado conllevan una pena de 10 a 20 años de prisión. Sin embargo, al Ministerio Público calificarlo como agravado, esto manda al juez a aplicar pena máxima de 20 años de prisión».

Portes añade que la justificación del órgano acusador para ello está contemplado en la Ley 155-17 Contra el Lavado de Activos y Financiamiento Ilítico en el país en su artículo 9, que establece las razones para calificar el tipo penal como agravado.

«1. La participación de grupos criminales organizados; 2) El hecho de haber cometido el delito en asociación de dos o más personas; 4) Cuando el que comete el delito ostenta un cargo público o fuese funcionario o servidor público», precisó el abogado.

El órgano persecutor emitió en junio del pasado año las imputaciones contra el exprocurador.

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De acuerdo a MP, Jean Alain Rodríguez, Rafael Canó, Jonathan Rodríguez, Miguel José de Moya, Rafael Antonio Mercede Marte, Altagracia Guillén Calzado y Javier Alejandro Forteza, entre otras personas, son imputados de delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, coalición de funcionarios, falsedad de documentos públicos, robo de identidad, delitos electrónicos y lavado de activos

El órgano persecutor informó sobre el arresto, por corrupción y otros delitos, de Miguel José de Moya, quien se desempeñó como asesor de la Procuraduría General de la República durante la gestión de Jean Alain Rodríguez.

Como parte de la “Operación Medusa” puesta en marcha ayer, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con apoyo de la Dirección General de Persecución, arrestó, además, a Rafael Antonio Mercede Marte, quien se desempeñó como encargado del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General.

La operación incluyó el arresto de Altagracia Guillén Calzado, quien se desempeñó como subdirectora administrativa de la Procuraduría General, y Javier Alejandro Forteza Ibarra, quien ocupó la posición de director de Tecnología de la Información de la institución.

La Operación Medusa, dirigida por los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Pepca, incluyó el lunes al menos 38 allanamientos en el Distrito Nacional, La Vega y La Romana.

El MP desarrolla desde hace varios meses un proceso de investigación, en el que ha realizado múltiples diligencias indagatorias sobre las acciones ilícitas de este grupo.