Javier Herrera 
José Martínez Hoepelman, del consejo de defensa del investigado Miguel José Moya, afirma que el Ministerio Público oculta de manera deliberada pruebas importantes referentes al cumplimiento contractual de la empresa DIO con la Procuraduría, por lo cual está siendo objeto de acusación en este caso.
La defensa de la empresa DIO, presenta hoy las pruebas que demuestran el cumplimiento estricto de las obligaciones establecidas en su contrato con la Procuraduría General de la República, en 14 cartas de acuse de recibo, firmadas y selladas por la Procuraduría, además de certificaciones de otras instituciones del estado, materiales que evidencian lo realizado a lo largo de dos años de la vigencia de los contratos que dieron origen a la relación contractual ente PGR y DIO, S.R.L.
DIO y sus abogados presentaron además los manuales y guías instructivas para docencia en 14 carpetas descriptivas, bajo la metodología creada por la empresa de capacitación. Desde el año 2001, DIO ha impartido talleres, seminarios, conferencias para más de 300 mil personas de 28 países, participando, de igual manera, en la solución de decenas de crisis empresariales, institucionales, políticas y sociales.
Los juristas de la firma han mostrado sorpresa de hallazgo y expresan preocupación de que evidencias de tan importantes hayan sido ocultadas a la opinión pública, al no ser incorporadas al expediente, ni presentas ante el tribunal.
“La omisión intencionada de lo anterior constituye la demostración inequívoca de una persecución dirigida, malintencionada y carente de toda objetividad”, expresó José Martínez Hoepelman, abogado de Miguel José Moya.
A su vez señala que, “el actual Ministerio Público tiene en su poder todos los documentos y cartas remisorias de los materiales que debían ser entregados de acuerdo con los requerimientos establecidos bajo los contratos de marras, pero insiste en limitar el objeto del contrato a la impartición.
Con esas omisiones del Ministerio Publico, se incurre en graves violaciones al debido proceso, vulneración de derechos, coalición de funcionarios y prevaricación, además de un fraude a la confianza de los dominicanos. En reiteradas ocasiones hemos manifestado a que nuestro representado no le corresponde estar envuelto en ese expediente ya que los contratos tienen jurisdicción en el Tribunal Superior Administrativo. El Ministerio Público deberá justificar las razones del apresamiento y las cogniciones para ocultar información probatoria de su inocencia de manera maliciosa.
