El Ministerio Público se apresta a entrar en la lectura de las pruebas con que sustenta los hechos que ha presentado hasta ahora ante el juez del tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional Amauris Martínez.

En la última audiencia celebrada el pasado martes 11, el órgano acusador leyó sobre las supuestas maniobras fraudulentas empleadas por los acusados en el caso Medusa “para estafar y desfalcar al Estado” mediante la subasta número PSBI-01-2019.

Entre ellas citó la suscripción de por lo menos 12 contratos de compraventa de inmuebles, en base a las sentencias penales que ordenaban el decomiso, sin haberse ejecutado la transferencia inmobiliaria a favor del Estado dominicano, legítimo propietario de cada uno de ellos.

Según la acusación contra los 63 imputados encabezados por el exprocurador Jean Alain Rodríguez, los contratos de compraventa de inmuebles decomisados eran firmados por Alejandro Martín Rosa Llanes, en representación de la PGR, lo que constituye actos antijurídicos, sobre todo, porque además debieron ser titularizados a nombre del Estado dominicano “sin que el acusado ostentare su representación por mandato legal expreso o poder especial que lo facultare a ello.

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Agrega que la intención de Rosa Llanes era facilitar y perfeccionar la distracción registral basada en los contratos ya celebrados entre la institución y los oferentes-compradores.

Indica que para eso, la directora Jurídica de la PGR Maricell Silvestre contactó al director Nacional del Registro de Títulos Ricardo José Noboa Gañan, quien designó a la Registradora de Títulos del Distrito Nacional Jenny Evelyn Lantigua Lora, como enlace o vía de comunicación.

Señala que el 27 de julio del 2020 Lantigua Lora envió un correo electrónico a Silvestre Rodríguez con copia a otros ocho registradores, solicitando la transferencia de bienes inmuebles a la PGR; y reenvió un correo remitido por la dirección Jurídica de la Procuraduría, “a fin de subsanar los expedientes referentes a siete (07) Sentencias distintas, que abarcaban trece (13) inmuebles, solicitándose la transferencia producto del decomiso de dichos inmuebles”.

Agrega que jurídica de la PGR a su vez, envió a Lantigua Lora y Ricardo J. Noboa Gañan, con copia a Isis Tapia Steffani, Julio Pimentel y Rosa Llanes, un mensaje electrónico sobre el estatus y temas puntuales de las solicitudes de transferencia inmobiliaria realizadas en el mes de julio de ese año, por parte de la PGR por concepto de decomiso de bienes.

“En su mensaje revela el despropósito de despojar al Estado dominicano de los bienes decomisados para apropiárselos mediante la subasta, ya preexistiendo los contratos de compraventa, donde el beneficiario final del decomiso no figuraba”, dice la acusación.

Resalta que ninguna de las sentencias que ordenan el decomiso de los inmuebles lo hacía favor de la PGR sino del Estado dominicano lo que imposibilitó la distracción registral de los inmuebles vendidos en la subasta. Agrega que aunque en la comunicación electrónica aparecen 13 inmuebles, “lo cierto es que sólo ocho (08) de estos prosiguieron, ya que el resto de los oferentes se retiraron de la subasta y le fueron devueltos los montos de la primera puja; sin embargo, al día de hoy los contratos de venta permanecen inejecutables, y algunos inmuebles fueron entregados por acusados a dueños.