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El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, manifestó que el Ministerio Público pretende terminar el próximo jueves con la presentación de sus testigos en el Caso Odebrecht e iniciar la incorporación de las pruebas documentales contra los procesados por los US$92 millones distribuidos en sobornos por la constructora brasileña.
Al contestar preguntas de los periodistas que cubren el proceso con relación a la incomparecencia del testigo Pedro Rivera, Camacho explicó que «fue citado por el tribunal. El Ministerio Público se comunicó con esta persona, no compareció y, en ese sentido, hemos solicitado conducencia y el tribunal ha ordenado la conducencia», señaló.
Camacho, quien encabeza el equipo litigador que representa al Ministerio Público en el juicio, adelantó que faltan muchas pruebas documentales por incorporar contra los encartados en el expediente.
Las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, quienes conocen el expediente, dispusieron la continuación del juicio para el próximo jueves 18 de marzo, a partir de las 9:00 de la mañana.
En el caso figuran como acusados el representante de la firma brasileña Ángel Rondón Rijo; Víctor Díaz Rúa, exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) y exministro de Obras Públicas; el abogado Conrado Pittaluga Arzeno; Andrés Bautista García, expresidente del Senado; el exsenador por San Cristóbal, Tommy Galán; y Roberto Rodríguez Hernández, también exdirector del Inapa.
El órgano persecutor de la corrupción les atribuye recibir y distribuir sobornos de los US$92 millones que la empresa Odebrecht pagó a intermediarios y a funcionarios a cambio de ser beneficiada con contratos de obras estatales en el país.
En la sesión de este lunes se escuchó al testigo número 22, José López. Se tenía previsto escuchar a otros tres testigos, José Leonardo Font Bernard, Serafín Wilfredo Batista y a Nuris del Carmen Taveras, quienes decidieron no declarar.
Entre las pruebas que serían presentadas con los testimonios de esos testigos, el Ministerio Público pretendía incorporar documentos para demostrar que el imputado Díaz Rúa «movilizó a través de sus cuentas, millonarias sumas de dinero que no puede justificar en base a sus ingresos legítimos, representando ello un enriquecimiento ilícito. Además, las maniobras de lavado de activos realizada por el imputado como forma de dar apariencia de legalidad al dinero manejado en sus cuentas».
