Julio A. Vargas Jiménez 
Fiscal Mirna Ortiz se muestra confiada en el trabajo del Ministerio Público
Tras la suspensión del seguimiento del juicio de fondo a los implicados en el caso Odebrecht hasta el 30 de septiembre, la fiscal Mirna Ortiz, explicó que esta decisión es para facilitar que las partes puedan estar presentes para el fallo en dispositivo que debe darse en 10 días.
“El tribunal entendió prudente que rodáramos la finalización de las conclusiones, a los fines de que el cómputo de esos 10 días caiga un día laboral, para que sea más fácil a todos estar en la sala de audiencia”, aclaró.
En ese sentido, explicó que el tribunal informó a las partes de la nueva fecha que fue fijada tomando en cuenta los plazos establecidos por el Código Procesal Penal. Respecto al tiempo de casi cinco años que lleva el proceso en sus diferentes fases, dijo que “ningún caso es igual a otro caso”.
“Debemos recordar que este año y el pasado fueron prácticamente perdidos para el sector justicia, para gran parte del país afectado por la pandemia; entonces, los cómputos no se realizan de manera matemática, porque tenemos que restarle todos los meses en los que no fue posible celebrar audiencias porque los tribunales estaban cerrados fruto de la pandemia de la COVID-19, y luego la reactivación de los tribunales, pues fue progresiva, no se reabrieron de manera automática”, señaló.
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Además, se manifestó confiada en que el tribunal que conoce el Caso Odebrecht decidirá a favor del Ministerio Público y condenará a los acusados en medida de las demandas de este a la justicia dominicana, al destacar los méritos de las pruebas aportadas en el juicio.
“El Ministerio Público ha llevado este caso hasta este día porque cree en las pruebas que ha presentado a estas juzgadoras y cree firmemente que, con las pruebas presentadas, cuando las juezas se retiren a deliberar, fallarán dictando sentencias condenatorias para cada uno de los imputados”, dijo la coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
En torno a las penas solicitadas, explicó: “Las sentencias son las que acuerdan la ley; lamentablemente, todos sabemos que tenemos un Código Penal que ha dado mil y una vueltas en el Congreso, que no ha sido aprobado y, para ciertos tipos penales, y de acuerdo con la participación de los implicados, pues el Ministerio Público no puede pedir sanciones mayores a las previstas en la norma”.
El Ministerio Público pidió al tribunal condenas de 10 años de prisión para los coimputados Rondón Rijo y Díaz Rúa, mientras que para Pittaluga Arzeno siete años y cinco años de reclusión para Bautista García, Galán Grullón y
Rodríguez Hernández.
De igual manera, solicitó que cada uno pague una multa de 200 salarios mínimos y que el tribunal ordene el decomiso de bienes en favor y provecho del Estado y el pago de las costas del proceso, además de que se les varíe
la medida de coerción por prisión preventiva.
