El Ministerio Público informó que apelará la decisión mediante la cual fue puesto en libertad el coronel de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD), Carlos Piccini Núñez, vinculado a los US$3.5 de sobornos que la empresa brasileña Embraer habría pagado en el año 2009 para obtener los contratos de venta de ocho aviones Super Tucano.

A través de un comunicado de prensa, el Ministerio Público manifestó que no está de acuerdo con la decisión de la jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Raquel Astacio, que le varió la medida de coerción de prisión preventiva por presentación periódica y una garantía económica de RD$1 millón bajo la modalidad de fianza.

En torno a esta decisión, el procurador general de la República, Jean Rodríguez, cuando tuvo conocimiento de la variación de la medida, instruyó proceder con su apelación tan pronto sea notificada la sentencia, por lo que el Ministerio Público, representado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), solo está a la espera de la notificación de dicha sentencia para proceder a interponer dicho recurso.

El órgano acusador del sistema de justicia destaca que procederán con la apelación en términos generales por no estar de acuerdo con la variación de la medida en virtud de que en el caso del imputado Piccini Núñez no han variado los presupuestos por los cuales le fue impuesta la prisión preventiva y porque existe el peligro de fuga por la gravedad de los hechos de los que es acusado.

En ese sentido, el procurador general Jean Rodríguez dijo que la variación de la medida es una decisión funesta, ya que ésta entorpecería el proceso, por lo que consideró que la medida de coerción más idónea en el caso del encartado Piccini Núñez es la prisión preventiva, para garantizar su presencia a todos los actos del proceso judicial que se lleva en su contra.

Recordó que contra este encartado, quien guardaba prisión por su vinculación a este caso desde el año 2016, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa cuenta con pruebas irrefutables y suficientes que lo vinculan con esa acción ilegal.