Hoy 
La preocupación crece al acercarse el límite de duración que por ley corresponde a los procesos legales, incluyendo los de supuesta corrupción que escandalizaron a la sociedad y generaron expectativas de que se haría justicia. Respetando, desde luego, la suposición de inocencia hasta llegar a lo definitivamente juzgado; pero al paso que van muchos de ellos, ni una cosa ni la otra; demoras mayormente por causas ajenas al Ministerio Público cuyo empeño en agilizar los expedientes fracasa por continuas concesiones a los abogados de defensa lanzados a la sistematicidad de demorar audiencias. El paso de tortuga de los tribunales conecta visiblemente con la firmeza con que jueces están negados (por mala distribución del trabajo ) a ventilar los casos complejos más de una o dos veces por semana. Estrictos además como nunca antes en rechazar, aunque el código lo permita, abreviar la lectura en audiencias de los documentos en que se fundan acusaciones por sobrepasar extensiones razonables a ser obviadas sin violar los derechos de defensa.
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La sociedad no puede aspirar a que la subestimación apresurada de fases en juicios públicos, orales y contradictorios, conduzcan a fallos envueltos en nebulosas; pero tampoco a que las rigideces procedimentales y excesivas concesiones a acusados priven a la sociedad de ver que la Justicia dispuso castigos si así procedían. Urge ver actuar al Consejo Nacional de la Magistratura. Un final con perfiles de frustratoria impunidad debe ser evitado a toda costa.
