BARCELONA. El presidente independentista catalán, Carles Puigdemont, afirmó hoy que no existen garantías para convocar elecciones en Cataluña, y derivó en el Parlamento la respuesta a la anunciada intervención de la autonomía regional por parte del gobierno central.
«He estado dispuesto a convocar estas elecciones siempre y cuando se diesen unas garantías ¡…¿. No hay ninguna de estas garantías que justifiquen hoy la convocatoria», dijo Puigdemont en un esperado discurso, un día antes de que el Senado español dé luz verde a la toma de control de la región por Madrid.
De esta manera, el mandatario de la región de Cataluña, dejó en manos del Parlamento autonómico la potestad de hacer una declaración unilateral de independencia. La actitud del Gobierno español, que ha propuesto la intervención de la autonomía, no justifica la convocatoria de unos comicios regionales, dijo Puigdemont en una comparecencia institucional una hora antes de la celebración de un pleno en el Parlamento catalán para analizar la situación política.
Muchas expectativas. La expectación es máxima hoy en España En medio de un gran suspenso sobre el desenlace de la crisis más prolongada de la democracia española, el ejecutivo catalán anunció este jueves que el presidente Carles Puigdemont haría una declaración pública, la suspendió y finalmente la convocó para las 15H00 GMT.
A falta de confirmación oficial de lo que diría, crecía la indignación entre los militantes independentistas en Barcelona ante un posible llamado a elecciones en esta región española. Miles de personas se manifestaron para presionar a favor de la secesión. «Va a haber elecciones», dijo a la AFP una fuente del partido de Puigdemont, el PDeCAT.
Dos diputados de la formación dimitieron también ante la supuesta renuncia del líder regional a declarar la independencia. Es una incógnita si la eventual disolución del parlamento regional y la convocatoria de elecciones frenará el voto del artículo 155 de la Constitución española el viernes en el Senado, que autorizaría intervenir la autonomía de la región ante el riesgo de daño a la unidad del país. El presidente conservador Mariano Rajoy fue quien lo solicitó al Senado para poder destituir al gobierno catalán y limitar los poderes del parlamento regional, entre otras medidas, hasta convocar elecciones regionales antes de seis meses.
«El gobierno central no va a decir nada hasta que no hable Puigdemont», señaló una fuente de Moncloa la tarde del jueves. En los últimos días se aceleró la mediación entre Puigdemont, Moncloa e incluso el palacio real de la Zarzuela, según una fuente involucrada en la interlocución. «Se acordó que si se convocaban elecciones, quedaba descartado el artículo 155», según la fuente.
Pelota caliente en el parlamento. De todas maneras, el parlamento catalán debe reunirse a partir de las 17H00 (15H00 GMT) para analizar precisamente la amenaza del artículo 155.
Intervenir la autonomía catalana, que fue uno de los puntales de la transición democrática española, «contradice frontalmente» varios artículos de la Constitución, explicó en una carta Carles Puigdemont al Senado.
Rajoy aseguró que no quedaba otra vía más que la intervención a través del artículo 155, nunca utilizado plenamente en cuatro décadas de democracia en España. La medida supondría un terremoto político en Cataluña, que recuperó su autogobierno tras la dictadura de Francisco Franco.
Como respuesta, Puigdemont advirtió que podría declarar la secesión. Los independentistas alegan estar legitimados por el referéndum inconstitucional del 1 de octubre, ganado ampliamente por los separatistas pero con una participación del 43% y celebrado sin apenas garantías.
Anhelada históricamente por los nacionalistas, una república catalana sería muy efímera ante la hostilidad de Madrid y la Unión Europea y la profunda división que despierta en los catalanes. Tampoco se antoja fácil la intervención desde Madrid, ante el rechazo que levanta en amplios sectores de Cataluña. «A lo mejor hay resistencia», reconoció el ministro de Economía, Luis de Guindos, en la radio Cadena Ser, advirtiendo a los funcionarios que «hay que cumplir la ley»