Javier Herrera 
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Las víctimas de las presunta red de trata de personas era obligadas a admitir que tenían deudas entre US$3,000 y US$4,000 cuando arribaban a la República Dominicana desde Colombia y Venezuela, respectivamente.
Luego, los integrandes de la supuesta organización que usaba a las mujeres para explotarlas sexualmente, las obligaban además a consumir diferentes tipos de drogas y «las sometían a tratos vejatorios e infrahumanos y no les permitían ninguna libertad propia (…) lo que llevó a varias de ellas a espacarse».
Las informaciones son dadas por el Ministerio Público, organismo que lanzó la operación Cattleya contra la presunta red.
Colombianos, venezolanos y dominicanos
En la supuesta red de trata de personas que las autoridades desarticularon con decenas de allanamientos en el Distrito Nacional y Bávaro, hay colombianos, venezolanos y dominicanos, sobre los cuales presentarán cargos criminales contra 10 imputados.
El Ministerio Público informó que rescató a más de 80 mujeres que fueron víctimas de explación sexual por la presunta red que sacaba beneficio de las damas colombianas y de otras nacionalidades.
Esto es parte de la denominada operación Cattleya, en la que participan 25 fiscales, más de 200 agentes de la Policía Nacional y más de 50 técnicos de investigación y especialistas en atención a víctimas. Durante los operativos, los equipos ocuparon sustancias controladas, como marihuana y drogas sintéticas.
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La operación cuenta con el apoyo de la División Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet) y el Departamento de Trata de Personas de la Policía Nacional. También, con la cooperación internacional de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), de Estados Unidos, y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Además, de las ONG Operation Underground Railroad (O.U.R.), Destiny Rescue y Anti Trafficking Bureau (ATB).
