El Colegio Dominicano de Notarios suspendió la colegiatura y sometió ante la Suprema Corte de Justicia a cuatro de sus miembros y está procesando a 115, en tanto que el presidente de esa institución advirtió que si los colegiados no actúan con prudencia ante la nueva ley 155-17 sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo, serán sancionados con prisiones que van desde seis meses a 10 años.

Pedro Rodríguez Montero, presidente del Colegio de Notarios, dijo durante una rueda de prensa que la Fiscalía y la Comisión de Disciplina de esa agrupación han conocido 150 expedientes, y que 35 han sido desestimados por acusaciones temerarias de clientes y por carecer de méritos.

Manifestó que lo más grave del cuadro es que, no obstante las denuncias hechas por los medios de comunicación sobre la comisión de actos delictivos de notarios, la Procuraduría General de la República en vez de reclamarles el papel de seguridad notarial les legaliza ligeramente los más diversos actos.

Indicó que los suspendidos hasta que la Suprema Corte de Justicia se pronuncie son los doctores Julio C. Troncoso Saint Claire, Carlos Manuel Fernández Rodríguez, Margarita del Alba Piñeyro López y Juan Ferreras Matos, y que los fallos de los que están siendo enjuiciados serán evacuados en los próximos 60 días.

Expresó que las acusaciones formuladas contra ellos son legalización de firmas falsas, distribución y venta de actos notariales en blanco, con sus firmas y sellos, y actuaciones reñidas con la ley en la ejecución de embargos, entre otros.

Rodríguez Montero explicó que los expedientes fueron recibidos y evaluados minuciosamente por la Fiscalía de esa institución, luego en su Comisión de Disciplina, y que ahora corresponde a la Suprema Corte de Justicia remitirlos a las cortes correspondientes, donde los inculpados serán juzgados.

Conforme el artículo 56 de la Ley 140-15, si son encontrados culpables les serán aplicadas sanciones que van desde amonestaciones, multas de cinco a diez salarios mínimos, suspensión temporal de seis meses a dos años, y la destitución y revocación del nombramiento como notario.

El presidente del Colegio de Notarios puntualizó que los anteriores procesos se corresponden con los términos de la Ley 140-15 que creó a esa institución, y que ha sido reforzada con la nueva Ley 155-17 contra el lavado de activos, que es más exigente y drástica en cuanto al ejercicio del notariado.

“Nunca como ahora el notario está obligado a regirse estrictamente por la ley, por lo cual el Colegio de Notarios está desarrollando un intenso programa informativo-formativo, para un desempeño ético y óptimo de su profesión”, expuso.

La Fiscalía Nacional del Colegio Dominicano de Notarios está a cargo del doctor Antonio Rodríguez Tejada, y la Fiscalía Adjunta por el doctor Alberys Bueno Lora, mientras que la Comisión de Disciplina está integrada por los doctores Ricardo Ogando Contreras, presidente, Freddy Almonte y Mireya Roque, miembros.