Indignados. Estado acusado violar convenios

El Centro de Reflexión y Acción Social Padre Juan Montalvo consideró ayer como un abuso y un atropello negarle asistencia a las gestantes haitianas, y proceder con su deportación “sin agotar los protocolos de lugar”.

De acuerdo con el sacerdote jesuita Francisco Escolástico, director ejecutivo del Centro Montalvo, el Estado dominicano viola la ley de Migración y convenios internacionales de los cuales el país es signatario, como el Pacto Mundial por las Migraciones (2018).

Con relación al gasto de Salud Pública en parturientas, el sacerdote afirmó que exageran los datos y que en los próximos días emitirán un comunicado con la inversión real. Entiende que el Estado tiene todo el derecho de regular su migración y controlar la frontera, pero que para ello debe aplicar las leyes de manera correcta.

“El tema haitiano es utilizado por el gobierno para distraer la atención ante problemas como el alza de los precios de la canasta familiar, los casos de corrupción que le están salpicando, entre otros aspectos”, precisó el sacerdote.

De igual forma, el religioso consideró que el problema es más profundo, tras recordar que detrás de esas parturientas que llegan al país hay toda una red mafiosa integrada por dominicanos y haitianos que canalizan la entrada de estas mujeres por paga, cuyo monto oscila entre RD$5mil y RD$12 mil pesos.
“Eso es lo que se debe atacar”, apuntó.

Para los tribunales
La activista feminista Sergia Galván sostuvo que las autoridades de Salud y Migración colocan al país y al Gobierno en serios problemas de vulneración de derechos, que tendrán que enfrentar en tribunales internacionales.
Dijo que en 2020 hubo 49,984 cesáreas, de las cuales 40,857 fueron dominicanas, es decir el 81.7 por ciento, “así que la supuesta presión al gasto en salud debido a la gran cantidad de cesáreas a las haitianas , por supuestas complicaciones, no es cierto”.

Expresó que es una lástima que el ministro de Salud, Daniel Rivera, quiera politizar la salud de las mujeres.
“El país tiene derecho a controlar la frontera, pero garantizando los derechos humanos, y una vez que están dentro no puede negarle la atención a la salud. Negar asistencia a una embaraza es un hecho cruel, inhumano, degradante y violatorio”, expresó.