Para que no digan que la coronela de la Policía Ysabelita de los Santos Pérez, suspendida de la Dirección de Retención de Vehículos de la Digesett luego de la agresión de que fue víctima el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, y los periodistas que lo acompañaban, no tiene quien le escriba.

En unas declaraciones en las que defiende su actuación al frente de ese centro, al que dijo llegó para resolver la “problemática” en la entrega de vehículos, admitió que a su llegada encontró indicios de corrupción, por lo que se vio obligada a afectar muchos intereses.

Y citó, entre esos supuestos intereses, la existencia de buscones que cobraban hasta 10 mil pesos a los ciudadanos para gestionarles la entrega de sus vehículos.

Pero reconoció, cuando se le preguntó porqué recibió al funcionario con un palo de golf en las manos, que no conocía a Pablo Ulloa, y admitió que ignoraba la existencia del Defensor del Pueblo, a quien dijo recibió de manera tan agresiva porque sus subalternos le informaron que los atacaba una turba.

Puede leer: Ropa sucia en el PRM

Esas declaraciones, que ofreció al programa El Sol de la Mañana, no son la mejor forma de defender su actuación ni avalar sus capacidades, cuando debe aún explicar quién ordenó borrar la data a los equipos retenidos a los periodistas agredidos junto al funcionario.

Porque una cosa es el maltrato, desde todo punto de vista injustificable, al Defensor del Pueblo y los representantes de medios de comunicación que lo acompañaban, y otra muy distinta destruir las evidencias de ese acto bochornoso.

Y como el presidente Luis Abinader pidió de inmediato consecuencias por ese hecho, está claro que la suspensión de la coronela de los Santos Pérez solo puede ser el principio de la solución al problema.

Una solución que solo llegará cuando los Centros de Retención de Vehículos sean cerrados y desmantelados, la única manera de evitar que continúen siendo fuente permanente de atropellos a los derechos de los ciudadanos.