Desde las 06.00 hora local (09.00 GMT), 595 máscaras fueron depositadas sobre la arena de la exótica playa carioca en referencia a los 513 diputados federales, 81 senadores y del presidente Temer, en una original protesta iniciativa de la ONG Río de Paz.
Estaban pintadas de rojo para simbolizar la «vergüenza que debería estar en el rostro de la clase política brasileña», señaló la asociación.
El acto, según Río de Paz, es para exigir la renuncia de Temer, a quien la Corte Suprema le abrió una investigación por corrupción, y pedir una reforma política que mejore la calidad del sistema.
«Queremos la renuncia del presidente de la República (Michel Temer) y una reforma política que haga posible el combate a la baja cualificación de nuestros representantes», afirmó en una nota Antonio C. Costa, fundador de la organización.
El mismo acto tuvo lugar el martes en la Explanada de los Ministerios, la avenida de Brasilia en la que están ubicados los principales edificios gubernamentales de Brasil, y se repetirá el último día de mayo en Sao Paulo.
Costa también destacó en su reclamo la escalada de violencia que vive Río de Janeiro en los últimos meses, con «niños víctimas de bala perdida» y habitantes de las favelas que viven «bajo el espectro del miedo».
«Nuestro país convive con una tasa de homicidios propia de países que se encuentran en guerra civil. Cada año, la vida de 60.000 brasileños es interrumpida por el crimen», añadió.
El fundador de Río de Paz dijo no tener «esperanza» para que esa «aterradora estadística» se revierta «con un presidente sin autonomía para gobernar y un Congreso Nacional tan mediocre», todo ello en medio de una crisis política que ha acorralado al jefe de Estado.
El Gobierno de Temer se tambalea a raíz del escándalo generado por los testimonios a la Justicia de directivos de la cárnica JBS.
Los ejecutivos de la compañía acusaron a Temer de recibir coimas desde 2010, aportaron una explosiva grabación, en la que el mandatario escucha en silencio o consiente posibles delitos, y revelaron el pago de sobornos a 1.829 políticos de 28 partidos a cambio de favores para la compañía.
Por ello, la Corte Suprema abrió una investigación contra el gobernante por corrupción pasiva, obstrucción a la Justicia y asociación ilícita.