Cientos de personas continúan desaparecidas desde que salieron de sus casas a manifestarse en las calles colombianas contra el Gobierno del presidente Iván Duque, según han reportado fuentes oficiales y observadores independientes de las movilizaciones que ya completan 11 días.

El más reciente informe de la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo recoge las denuncias de 548 personas desaparecidas, de las cuales 189 han sido ubicadas, mientras que 359 casos continúan en proceso de verificación.

Si bien la mayoría de personas reportadas como desaparecidas puede haber sido retenida por la Policía durante las jornadas de protestas que comenzaron el pasado 28 de abril, organizaciones civiles e internacionales urgen a las autoridades a acelerar su búsqueda dadas las denuncias por abusos que recaen sobre la fuerza pública.

Amnistía Internacional (AI) alertó ayer que la Policía colombiana “ha hecho uso de la fuerza de manera indiscriminada y desproporcionada, y se reportan alarmantes cifras de violencia sexual y de personas dadas por desaparecidas».

En ese sentido, advirtió que “la desaparición forzada y la violencia sexual perpetrada por autoridades son crímenes de derecho internacional que cualquier Estado está facultado a investigar y perseguir».

Organizaciones de derechos humanos temen que los desaparecidos estén siendo víctimas de agresiones físicas, violencia sexual e incluso tortura, como han denunciado varios ciudadanos que fueron retenidos durante largas horas en estaciones de la Policía.

Desde que comenzaron las manifestaciones la fuerza pública ha sido acusada de varios delitos contra personas que fueron detenidas, como la denuncia de una mujer que el 30 de abril dijo haber sido abusada sexualmente por un agente del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía cuando la movilización en la que participaba fue dispersada con gases.

“Las autoridades colombianas deben investigar toda denuncia de violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional de manera expedita, imparcial y exhaustiva, garantizando los derechos y la seguridad de las víctimas y testigos”, aseguró la directora para las Américas de Amnistía, Erika Guevara Rosas.

Guevara advirtió además que “no debe prevalecer la impunidad ante estos graves delitos” y exigió al presidente Duque, como máximo jefe de la fuerza pública, pronunciarse sobre los hechos porque “el silencio no deja más que un velo de impunidad y complicidad».

Al menos 27 personas han muerto durante las jornadas, según informaron el viernes la Fiscalía y la Defensoría en un documento en el que aclararon que de esos fallecimientos 11 están ligados directamente con los hechos, siete están “en verificación” y hay nueve que no tienen relación con las protestas.

Sin embargo, la ONG Temblores ha documentado 37 víctimas mortales, 1.708 casos de uso abusivo de la fuerza, al menos 26 víctimas de agresión ocular, 234 casos de violencia física y 934 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes, así como casos de violencia sexual contra 11 personas.

La Cancillería de Colombia respondió ayer a los reclamos de la comunidad internacional y aseguró que el Gobierno, garante de la protesta pacífica, ha informado oportunamente sobre “las medidas e investigaciones que han iniciado las instituciones autónomas para asegurar que los casos de posible violación a los derechos humanos o uso excesivo de la fuerza sean debidamente sancionados».

Las movilizaciones comenzaron en contra de la ya retirada reforma tributaria del Gobierno del presidente Duque, pero continúan contra un intento de reformar la salud, la brutalidad policial y la compleja situación de inseguridad.