En el año 2008, se produjo una gran crisis en el mundo financiero, la cual se inició en los Estados Unidos y, como un castillo de naipes, afectó a todo el sistema, generando dudas en una actividad cuya base de sustentación es la confianza.

El hecho de haberse iniciado en Estados Unidos creó una gran incertidumbre, ya que siempre se ha confiado en la fortaleza de las instituciones de ese país. Pese a ello, surgió lo que se conoció como la «Crisis Subprime», resultado de un exceso de préstamos hipotecarios de alto riesgo y la creación y venta de productos financieros complejos que generaron una burbuja inmobiliaria. Esta situación fue atribuida a la falta de regulación.

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El gobierno de Estados Unidos debió intervenir para salvar el sistema y, de alguna manera, resarcir los daños causados a los usuarios.

Es por ello por lo que, el 21 de julio de 2011, entró en vigor la Ley Dodd-Frank de Reforma de Wall Street, que creó la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor como una medida regulatoria para proteger a los ciudadanos de fraudes bancarios.

El presidente Barack Obama afirmó que los fraudes que afectaron a las familias y a los consumidores de Estados Unidos se debían a la falta de regulación, lo que obligó no solo a su país, sino al mundo entero, a revisar sus regulaciones para evitar el derrumbe del sistema financiero global.

La Oficina para la Protección Financiera del Consumidor es la responsable de la regulación y el correcto funcionamiento de los mercados de productos y servicios financieros para los consumidores de Estados Unidos.

Datos recientes de la agencia indican que han dado respuesta a más de 6.8 millones de quejas de consumidores, han proporcionado más de 21 millones de dólares en alivio financiero y más de 205 millones de personas son elegibles para recibir ayuda financiera. Lo más importante es que, desde su creación, ha logrado restituir a los consumidores 20 mil millones de dólares obtenidos por empresas a través de prácticas engañosas, como cargos excesivos en tarjetas de crédito o penalizaciones ocultas en préstamos y deudas.

Una de las actuaciones más relevantes de la agencia a finales del año pasado fue la presentación de una demanda contra tres de los principales bancos de Estados Unidos, por no proteger a los consumidores ante supuestos fraudes masivos en la plataforma de pagos Zelle.

Agencias similares surgieron en otros países, como México, Chile, Argentina, Panamá, y en República Dominicana con la creación de Prousuario en la Superintendencia de Bancos en el año 2015.

Desde su creación, la agencia de Estados Unidos ha sido objeto de ataques políticos, principalmente desde el sector republicano.

Ahora, con la llegada al poder del actual presidente, Donald Trump, esta agencia creada por ley ha entrado en suspenso debido a una nueva visión impulsada por Elon Musk, quien ha propuesto otra fórmula en la que, según sus opositores, sería juez y parte.

El verdadero riesgo es que otros gobiernos adopten la desregulación del sistema financiero y se repita la crisis del 2008. La autorregulación solo puede funcionar con altos estándares éticos y de transparencia. En una democracia sólida, los derechos de los consumidores deben ser garantizados. La información veraz y la confianza son la base de un sistema financiero sólido.