Tegucigalpa.– Cinco días después de las elecciones, Honduras esperaba en vilo este viernes saber quién gobernará el país, si el presidente Juan Orlando Hernández o el presentador de televisión Salvador Nasralla, en medio del auge de la represión de manifestantes opositores que denuncian un «fraude».

Con el 94,31% de las actas escrutadas, Hernández, que busca una polémica reelección con el derechista Partido Nacional, iba en cabeza con 42,92% contra 41,42% de Nasralla, de la izquierdista Alianza de Oposición Contra la Dictadura.

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), David Matamoros, avisó la noche del jueves que el organismo iniciaría este viernes un «escrutinio especial» de 1.031 actas con inconsistencias –como errores en sumas de votos, borrones o falta de firmas–, en presencia de delegados de los partidos para garantizar la transparencia.

«No daremos más anuncios (de resultados) hasta que finalice el proceso» de revisión de actas, escribió Matamoros en Twitter. El TSE no tiene plazo para revisar las actas cuestionadas, pero por ley debe proclamar al ganador dentro de un mes a partir de los comicios del 26 de noviembre. –

Hernández con ventaja. Pero en una declaración grabada, Hernández dijo que espera ser declarado presidente reelecto este mismo viernes.

«Esperemos el resultado más tarde o esta noche que, por el camino que vamos, ya se ve que vamos a salir muy bien», declaró, pidiendo a sus seguidores paciencia. «Inmediatamente (después de) que esto termine a seguir trabajando por Honduras el doble de lo que ya lo hemos hecho antes», agregó.

Miles de simpatizantes de Nasralla, entre tanto, acataron su llamado a defender en las calles ante lo que considera su triunfo electoral.

«Se oye, se siente, Nasralla presidente», «Fuera JOH», gritaban en alusión al presidente cientos de manifestantes que prendieron hoguera en el capitalino barrio El Reparto, en una protesta que se extendió hasta la madrugada del viernes.

Centenares de manifestantes opositores fueron reprimidos el jueves con gases lacrimógenos por la policía, a quien lanzaron piedras, frente al edificio del TSE donde se cuentan las actas. Las Fuerzas Armadas aseguraron que los protestantes dañaron vehículos y negocios, algunos de los cuales fueron rociados con gasolina e incendiados.

Las protestas se extendieron a otras regiones del país, donde se incendiaron llantas en rutas o dañaron estaciones de peaje. Al menos dos agentes y una decena de manifestantes resultaron heridos en los enfrentamientos, algunos por balas.

El dirigente opositor Juan Barahona llamó a protestar en cada barrio. «Día y noche vamos a salir a las calles porque solo así se va a hacer que se retroceda el robo de la presidencia», expresó. –

Reelección cuestionada. Hernández busca la reelección, pero su repostulación es calificada ilegal por la oposición porque se basó en un fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema a un recurso contra una prohibición establecida en la carta magna.

«Si la elección se produce con un fraude evidente y el autoritarismo del presidente se consolida, eso va a desacreditar el proceso y sí puede haber convulsión social», advirtió el analista Víctor Meza, director del Centro de Documentación de Honduras.

En el primer conteo que divulgó la madrugada del lunes el TSE, Nasralla sacaba una ventaja cinco puntos sobre Hernández, pero posteriormente se detuvo el sistema de cómputo donde se procesan las actas de los 18 departamentos del país.

Cuando se restableció el servidor, empezó a revertirse lentamente el resultado hasta favorecer al presidente, lo que causó las denuncias de Nasralla y el coordinador de la Alianza, el expresidente Manuel Zelaya.

La coordinadora de la misión de observadores de la Unión Europea, Marisa Matías, condenó la violencia llamando «a la calma social y esperar los resultados que puedan ser verificados por todos los actores» para lograr la transparencia del proceso.

La oficina de Naciones Unidas en Tegucigalpa pidió en una declaración a los manifestantes que ejerzan el derecho a la libertad de expresión «de manera apropiada» y a los policías que «cumplan sus funciones en el pleno respeto de los derechos humanos».