Por Orlanjoy Golibart

La economía que es una ciencia social. Por ende, humana. Como tal, hace uso del método científico para explicar y tratar de dar soluciones a la realidad económica de los actores que en ella interactúan: empresas, individuos, políticos, instituciones, países, entre otros. Quienes aprenden y se desarrollan en esta ciencia, se dedican – o, eso deberían hacer – a observar y cuestionarse diferentes escenarios antes de implementar ciertas políticas o, a emanar sus conclusiones. Para fines del presente artículo, se utiliza la letra k para referirse a mil.

República Dominicana es un país democrático representativo de más de diez millones de personas y un sistema económico capitalista de libre mercado y competencia – o eso se dice -. El país ha tenido que lidiar con varias crisis, como la COVID-19, las guerras-batallas y sus repercusiones globales, así como la incertidumbre política por las elecciones en EE.UU.

Es palpable que el presidente Abinader desea demostrar la corona de su lema de campaña (el cambio), disponiendo una batería de modificaciones estructurales a al aparato legislativo pendiente o que considere se deba actualizar. En sí misma, es positiva la intención. Los países deben siempre ir actualizándose. Sin embargo, la economía política demuestra que se deben cumplir algunas condiciones previas a realizar cambios drásticos a nivel estructural. Se tratan de dos simples puntos que son esenciales a la hora de someter reformas. A saber:

¡) Es necesaria una adecuada presentación empírica de los cambios, a fin de convencer y obtener apoyo en los agentes económicos. No basta con presentar estadísticas incompletas o basarse en análisis comparativos inexactos.

ii) Por otro lado, resulta indispensable poseer excelentes condiciones comunicativas y consultivas ante todos los actores. Todo ello permite que el diseño de las reformas que se quieran hacer conste de sentido, visibilice todas las problemáticas existentes y brinde la síntesis propositiva con Mecanismos Compensatorios reales, efectivos y logrables unánimemente.

A principios del presente mes de octubre 2024, se presentó lo que denominaron como “Ley de Modernización Fiscal”. Tal documento, trae más dudas que aclaraciones. Incertidumbre, en términos económicos. Luego de analizar detenidamente el mismo y socializarlo con colegas, y otros expertos, es posible concluir en cinco razones fundamentales a fin de cuestionar la propuesta:

Obvia el momentum sociopolítico: el presente gobierno tiene ante sí una República Dominicana que ojalá los anteriores. A pesar de ello, ha decidido omitir el mandato de la Estrategia Nacional de Desarrollo que permita un verdadero Pacto Fiscal y la reforma consecuente. Lo que permitiría al presidente Abinader exhibirse como el mejor gobierno de los últimos 20 años.
Conceptualización y concepción imprecisa: en el formato de presentación del proyecto queda claro que no se está realizando ni una modernización del aparato fiscal tomando en consideración introducción de actualizaciones legislativas, de nuevos y fáciles métodos de fiscalización, tecnologías, etc; ni el actual proyecto de reforma cumple con el requisito de ser fiscal, pues únicamente obedece a una modificación a cierta parte del conjunto tributario nacional. Dando como resultado una imprecisión en lo que se busca obtener vs lo que se tiene.
Omisión de la realidad socioeconómica: la proposición del proyecto omite realidades tales como que la canasta básica más baja y el promedio nacional cuestan DOP$27k y DOP$45k, mientras que el salario mínimo del sector privado es de DOP$13k y el salario exento para el pago de impuesto sobre la renta es de DOP$34 mil;

Omite que el 80% de los dominicanos adquieren productos por internet debido usualmente a la poca adaptabilidad del sector comercio, a su baja calidad de los productos ofrecidos localmente, sin un control o seguimiento oficial al comportamiento de los precios que procure el equilibrio calidad-precio para los consumidores;

Último, pero no el final, omite que en Quisqueya existe un alto porcentaje de pobreza oculta, donde muchos han heredado o poseen viviendas que bajo la modalidad irracional de querer equiparar las viviendas de bajo costo con todas las demás del territorio nacional desplazará a la clase media.

Visión País cortoplacista: unido al punto anterior, pero con sus propios matices, la propuesta de reforma tributaria no presenta claramente cuál es la visión de país se quiere tener. Toda vez que busca desincentivar o eliminar de tajo atractivos a sectores claves de la economía nacional sin tomar en consideración que en aras de lograr captar un porcentaje relativo del nearshoring, crear poder blando a favor de Dominicana y/o eficientizar la inversión extranjera directa, siendo que dichos incentivos son relevantes para esta y otras actividades productivas del presente y futuro. Se puede estar de acuerdo a eliminar exenciones, basado en la realidad del país.
Entorno geopolítico convulso local e internacional: la propuesta no toma en consideración los riesgos geopolíticos que tanto pueden golpear a la economía nacional, socavando cualquier buen intento de reforma a fin de mejorar las recaudaciones. Los tableros geoeconómicos mundiales están a flor de piel, con restructuraciones constantes de la cadena de suministro, ampliación de puentes comerciales, rutas alternativas cada vez más constreñidas y un largo etcétera que dan para un libro. Sin contar, con la cada vez más reñida aptitud econobelicista haitiana que distan de agradecer los incontables esfuerzos que nuestro presidente Abinader y el país han realizado.

En conclusión, tomando en consideración todo el espectro sociopolítico, económico local actual y analizando el panorama internacional, lo más efectivo para el gobierno sería retirar el presente proyecto a la luz de lo antes expuesto, comenzar a nivelar el camino hacia la socialización y configuración del Pacto Fiscal Pleno. De tomarse este camino, para el presidente Abinader y su gobierno será como descender colina abajo en una camioneta: habrán frenones y paradas, pero la llegada será más segura.