BBC Mundo 
«En Perú es más fácil vacar al presidente que condenar a un asesino». Frases que pronuncian por estos días algunos peruanos e ilustran la turbulencia política que vive el país desde que el lunes 9 de noviembre el presidente Martín Vizcarra fuera destituido por el Congreso.
Su cargo lo ocupó el hasta entonces presidente del Congreso, Manuel Merino, el martes 10 de noviembre. Menos de una semana después, este enfrentó su propia crisis institucional y social que terminó con su renuncia este domingo.
Decenas de miles de personas han salido a la calle a protestar y este sábado, tras varios días de protestas, se produjeron dos muertes y decenas de heridos.
Varios líderes políticos habían pedido la dimisión de Merino y varios ministros habían presentado sus renuncias.
Vizcarra fue destituido por una moción de vacancia tras ser acusado de recibir sobornos de empresas para conceder obras públicas durante su mandato en la gobernación de Moquegua.
Este niega los cargos, entre otras cosas porque se basan en testimonios cuya autenticidad no ha sido validada por la justicia.
La vacancia de Vizcarra ocurrió dos meses después de otro intento del Congreso de destituirlo. Y recuerda que Vizcarra mismo llegó al poder en 2018 tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski en medio de dos mociones de vacancia similares.
Es inevitable que, además, la destitución evoque lo ocurrido con los últimos seis presidentes del país; no todos destituidos, pero sí investigados o condenados por corrupción.
Perú, entre tanto, ha sido el país más afectado económica y sanitariamente por la pandemia en la región y se prepara para elegir en abril de 2021 nuevos presidente y Congreso.
Así las cosas, la aparente facilidad con que el Congreso logra arrinconar a los presidentes se ha vuelto una suerte de exotismo de Perú, que como otros países de América Latina sufre de corrupción pero con consecuencias extraordinarias.
¿Qué es, entonces, lo que pasa? Estas son cuatro claves para entenderlo.
1. Un sistema semiparlamentario en la práctica
Como en toda América Latina, Perú tiene un sistema político presidencialista: el presidente, elegido por sufragio universal, es el jefe de Estado y tiene facultades extraordinarias que favorecen la estabilidad y eficiencia del gobierno.
Pero el sistema peruano tiene una característica que solo comparte con Venezuela y Ecuador en la región: que su Congreso, de apenas 130 legisladores, solo cuenta con una cámara legislativa.
Además, a diferencia del resto de la región los peruanos han ido introduciendo a su sistema instituciones o mecanismos del parlamentarismo europeo que buscan evitar que los presidentes tiendan hacia el autoritarismo.
Con eso, las mociones de censura en Perú no son llamados de atención, sino mandatos de renuncia y los gabinetes ministeriales y presupuestos del Ejecutivo dependen del escrutinio y la aprobación del Congreso.
«Una mirada institucional nos hace ver que en Perú el presidente no tiene el perfil hiperpresidencialista que se había planteado, sino que su fortaleza depende de evitar una oposición consolidada en el Congreso«, explica Milagros Campos, profesora de derecho constitucional de la Universidad Católica del Perú.
«En 200 años Perú no ha logrado resolver el escenario de un gobierno sin mayoría en el Congreso; y siempre que ocurrió se ha traducido en golpes de Estado o vacancias», como ocurrió en el caso de Vizcarra.
2. La figura de vacancia
A esto se añade la famosa figura de «la vacancia por incapacidad moral del presidente», que existe en otros países, pero en Perú opera y tiene alcances distintos.
La vacancia viene de la Constitución de 1839 y se ratificó en las 10 siguientes, incluida la última, de 1993.
A diferencia de un juicio político, la vacancia, en teoría, no está destinada a juzgar o sancionar al presidente, sino verificar que sus capacidades sean óptimas para ejercer su cargo.
Por eso el proceso, aunque cuente con un derecho de defensa de 60 minutos, es tan fluido y no exige la intervención de comisiones ni largos debates.
Pero, según Campos, «al ser una definición tan amplia el mecanismo se puede usar para cualquier cosa«, desde la enfermedad o muerte del presidente hasta su autoridad «moral» para ejercer el cargo más alto de la nación.
El 20% de los congresistas pueden pedir una moción de vacancia, el 40% puede admitirlo y el 66% (87 de 130 legisladores) puede aprobarlo.
Por la vacancia de Vizcarra votaron 105 congresistas.
3. La fragmentación de la política peruana
Por lo anterior es cada vez más claro que en Perú un presidente no puede gobernar sin cierta cantidad de congresistas a su favor.
Y Vizcarra, al menos en el papel, no tenía ni uno.
En 2019, el mandatario disolvió el Congreso después de le rechazaron tres veces una reforma a la elección de magistrados del Tribunal Constitucional y llamó a elecciones extraordinarias.
Vizcarra, que contaba con el apoyo teórico de dos partidos, no presentó candidatos propios. Se presentaron 21 colectividades y 10 de ellas obtuvieron escaños. «El poder se disgregó y fragmentó más que nunca«, dice Campos.
Y eso, según los analistas, le terminó pasando factura al entonces presidente.
Como en otros países, Perú vive una crisis de sus partidos que, en un sistema que en la práctica opera como semiparlamentario, se traduce en crisis institucionales como la de los últimos años.
«Con tantos golpes de Estado, los partidos nunca se consolidaron y siempre fueron volátiles (…). Y a eso añádele que no hay reelección de congresistas, con lo que la volatilidad es tremenda», añade Campos.
Sin partidos consolidados, entonces, el presidente tiene menos capacidad de garantizar la estabilidad de su mandato.
4. La corrupción de fondo
Todo lo anterior se da en un país donde la corrupción es, como en el resto de América Latina, estructural. Y eso facilita que se abran casos por corrupción contra cualquier funcionario.
No en vano los congresistas que promovieron la vacancia de Vizcarra están, también, investigados.
Después de Brasil, Perú es el país que más ha avanzado en las investigaciones por corrupción del caso Odebrecht, la constructora que tenía una red de sobornos en toda la región.
Sin embargo, casi cuatro años después de que se abrieron las pesquisas, los 46 casos abiertos no han arrojado resultados: los cuatro expresidentes salpicados, por ejemplo, están acusados, pero no condenados.
Según Campos, la lucha contra la corrupción ha dado con normas que «entorpecen las inversiones públicas y benefician a los corruptos que logran manejar la burocracia como pez en el agua».
En 2018, Vizcarra promovió un referendo para luchar contra la corrupción que incluía la prohibición de la reelección de congresistas, reforma que fue aprobada por el 85% de los votantes.
Dos años después, según Campos, las buenas intenciones tuvieron un coletazo: «La no reelección genera un efecto no deseado, porque quiebra cualquier espíritu colaborativo y de rendición de cuentas. Los congresistas no están atentos a lo que la población piensa, porque no los van a sufragar de manera inmediata».
Las últimas encuestas le daban a Vizcarra entre 60% y 80% de aprobación. Pero eso, en un Congreso que no estaba sujeto de manera inmediata al escrutinio del electorado, no le sirvió de nada: de todas formas, lo vacaron.
